Derecha y Educación: Hay que pagar

El Gobierno, sus institutos y personeros, defienden el lucro y la privatización en las universidades y llevan adelante proyectos que no modifican el sistema actual definido como “una industria” manejada con criterio de negocios.

El presidente Sebastián Piñera espetó: “Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero al fin y al cabo, sabemos que nada es gratis en esta vida” y por lo tanto “alguien lo tiene que pagar”.

Así sintetizó la mirada doctrinaria del Gobierno y la derecha sobre cómo los ciudadanos -incluidos los jóvenes- deben asumir la posibilidad de acceso a servicios -que desde otra mirada ideológica son derechos- como la educación, la salud, la vivienda. Hay que pagar.

Aquello encontró forma en puntos básicos sostenidos desde la administración piñerista, los partidos e institutos de la derecha e intelectuales conservadores, frente a la movilización estudiantil que demandó fin al lucro y educación gratuita y pública: Reivindicación del lucro; cuestionamiento a la gratuidad; “ayuda” a los más pobres y subsidios a la clase media; negativa al aumento del presupuesto en educación reclamado por representaciones estudiantiles, del magisterio, legisladores y especialistas.

Durante el régimen militar, la derecha logró imponer una re-formulación de la estructura educacional que pasó a sustentar acceso y calidad, entre otros ámbitos, en la privatización, la subvención y convertir este sector en “una industria”.

Miguel Rojas, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) escribió que “la caricatura del modelo neoliberal es la universidad-empresa. Un combinado aberrante que transforma a los estudiantes en clientes y las políticas universitarias en gestión empresarial”.

En línea con aquello, un análisis del Instituto Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI (Unión Demócrata Independiente), planteó de la siguiente manera el tema del lucro y la privatización en la educación superior: “Es un hecho que los dueños de las universidades pueden tener diferentes motivaciones y no se debe satanizar el hecho de pretender recibir una ganancia al proveer una educación de calidad, así como tampoco hay razones para dudar de la calidad del trabajo de una persona porque al final del día valore el llevarse un ingreso monetario a cambio”.

El escrito señaló que “la competencia es esencial para mantener y aumentar la cobertura de la educación superior y suprimir el lucro traería el efecto no deseado de restringir la oferta educativa al disminuir sustancialmente la inversión”.

En el mismo análisis se definió la mirada de la derecha sobre la reivindicación de estudios superiores gratuitos que, por cierto, proviene básicamente de jóvenes y familias de clase media y sectores pobres. “La gratuidad aumentará la demanda por educación superior por parte de personas que en realidad no hubiesen estado dispuestas a estudiar, dado que el beneficio que obtendrán no compensa el costo real de la educación (que lo estaría pagando el Estado, es decir todos los chilenos)”, se aseveró.

Con la misma óptica encaró el tema el ministro de Educación, Felipe Bulnes, cuando señaló, sobre el lucro y la ganancia privada, que “no podemos establecer qué efectos positivos tiene en la calidad de la enseñanza, pero sí podemos establecer los efectos negativos”, instalando que, por ejemplo, eliminar los aportes estatales a centros de enseñanza privados y que lucran “pone en riesgo la cobertura de nuestro sistema escolar”. El titular de Educación estableció asimismo que planteamientos como gratuidad o fin al lucro afectará a escuelas y universidades “inspiradas en el ánimo de obtener una ganancia legítima”.

El ex ministro de Piñera, Felipe Morandé, en un artículo donde dijo que “no me ofende” la denominación de neoliberal, planteó derechamente que “no puede haber gratuidad de la educación superior para todos, porque la educación superior es en general una inversión privadamente rentable para cada persona…” Precisó que “sí se justificaría subsidiar a los más pobres… En tanto la clase media debe tener acceso a crédito subsidiado y becas parciales”.

En cuanto al planteamiento de los estudiantes de echar mano a recursos financieros provenientes, por ejemplo, de las enormes ganancias del cobre, y financiar el presupuesto público para educación, es elocuente lo señalado en un análisis del Instituto Libertad (IL), vinculado a Renovación Nacional. “Se han ideologizado y radicalizado -los universitarios- puesto que solicitan la renacionalización de los recursos para así financiar la educación”.

Y sobre las protestas y tomas, el IL sostuvo que se trató de “un extremo accionar”, sumándose a las palabras de altos personeros de Gobierno que hablaron de “encapuchados”, “intransigentes”, “violentistas”, “cerrados al diálogo”, “extremistas” y que le hacían “daño al país”.

LA CONCRETA DEL GOBIERNO

Sebastián Piñera usó dos palabras -una empresarial/competitiva y otra religiosa- para definir sus propuestas concretas en educación: Gane (Gran Acuerdo Nacional para la Educación) y FE (Fondo para la Educación). Ello contenía, sintéticamente, aportar a ese fondo 4 mil millones de dólares, aumentar becas y créditos, mejorar el sistema de admisión, endurecer los procesos de acreditación de las universidades, avanzar en la fiscalización y contar con una afinada institucionalidad que diferenciara universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas. Para ello, entre otras cosas, siguió con el plan que venía desde el gobierno de la Concertación, de crear la Superintendencia de Educación.

Para Piñera, con todo ello se garantiza, sobre todo, la libertad de educación. Y de paso, se mantiene el criterio de mercado, inversión y lucro, con “ayuda” a los “vulnerables”.

En cuanto a esto, Jaime Portales, de la Universidad de Texas, escribió en Ciper Chile –Centro de Investigación e Información Periodística– que las propuestas del Gobierno de la derecha “se aglutinan y convergen en torno a la idea de la libertad de enseñanza -la libertad de creación y administración de instituciones educacionales- y a la preponderancia que deben tener las elecciones individuales y familiares en educación -el derecho de los padres y de los jóvenes a elegir entre las distintas opciones educativas” y que omiten “la importancia que tienen los valores e intereses públicos en educación -la educación entendida como derecho ciudadano garantizado por el Estado, y el deber del Estado a proveer de una educación pública de calidad. Esta omisión refleja el paradigma ideológico –neoliberal- sobre el cual se está construyendo la propuesta; el mismo sobre el cual se fundó el sistema educativo en los ochenta. Al mismo tiempo, al no mencionar estos principios, la propuesta gubernamental no hace suyas las ideas que están en “el corazón” de las demandas del movimiento estudiantil y ciudadano”.

Por Hugo Guzmán R.

El Ciudadano Nº116, segunda quincena diciembre 2011