Marcha por la educación pública en 2011
Hoy -5 de enero- el Colegio de Profesores de Chile, CPCH, llevó una carta al Ministerio de Educación, Mineduc, para exigirle al ministro, Harald Beyer, un pronunciamiento público sobre las expulsiones y cancelaciones de matricula que están viviendo estudiantes secundarios que se movilizaron durante el año 2011.
En la misiva, firmada por el presidente nacional del CPCH, Jaime Gajardo, se explica «la preocupante situación que están viviendo los estudiantes» a quienes, entre otros, se les ha impuesto la condicionalidad y la obligación, para los apoderados, de firmar cartas comprometiéndose a que sus hijos no participarán “de ninguna actividad movilizadora”, y la firma de documentos autorrenunciando y cancelando la matrícula. Esta situación, se sostiene en la carta, “afecta principalmente a los estudiantes que lideraron las tomas”.
Los hechos, según denuncian desde la entidad gremial, se producen especialmente en los liceos pertenecientes a los municipios de Providencia, Ñuñoa y Santiago, y en la mayoría de los liceos subvencionados particulares que estuvieron en toma.
“Tenemos conocimiento de que este tipo de decisiones obedecen a órdenes emanadas directamente de los alcaldes y son operadas a través de los Directores de establecimientos”, manifiestan los profesores, y agregan que existen dirigentes estudiantiles y de otras organizaciones que han denunciado que el Mineduc estaría involucrado en esta operación.
En la nota se apela a que el Estado chileno debe garantizar la educación de los jóvenes y exigir a los sostenedores, tanto municipales como privados, el cumplimiento de este derecho, para lo que debe instruir a secretarías regionales ministeriales y direcciones provinciales a que velen por ello.
El gremio denunció como un hecho grave el que Mineduc guarde silencio ante estas denuncias y llamó al ministro de Educación a referirse públicamente sobre la situación que afecta a cerca de tres mil estudiantes de todo el país.
El hecho de pretender que se firmen acuerdos para tratar de garantizar que los y las jóvenes no se involucren en manifestaciones, ha sido interpretado como un intento de parte del Gobierno de eliminar las protestas y no los motivos que las impulsan. En definitiva, buscan disminuir el reclamo en lugar de avanzar en las soluciones para llegar a acuerdos.
Los diversos representantes estudiantiles, tanto de las universidades de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) como de los secundarios, han explicitado que este año la lucha por una educación pública, gratuita y de calidad, seguirá y que no se contentarán con promesas ni se dejarán amedrentar por las medidas represivas que pretende legalizar el Gobierno.
El Ciudadano
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