De aquí a marzo el presidente electo Sebastián Piñera deberá anunciar el listado de los ministros que formarán parte de su próximo gobierno. Entre los candidatos figura el ex contralor Ramiro Mendoza, a quien Chile Vamos habría propuesto como opción para encabezar el Ministerio de Defensa.
Sumándose a las críticas emitidas por su reemplazante en la Contraloría General de la República, Jorge Bermúdez, producto de la activa participación de Mendoza en la contienda política, el eventual aterrizaje del abogado en la cartera que supervisa el funcionamiento de las ramas castrenses podría generar nuevos cuestionamientos.
En octubre de 2009, estando en la Contraloría, Mendoza emitió el Dictamen Nº 56.749, el cual desconoció las competencias del ente fiscalizador para velar por la adecuada inversión de recursos de la Ley Reservada del Cobre. Según el informe final de la Comisión Investigadora del «Milicogate», la situación propició la ocurrencia de los millonarios fraudes al interior del Ejército.
Pronunciándose ante una petición del entonces diputado Jorge Burgos (DC), Mendoza indicó que a diferencia de lo que ocurre sobre «la generalidad de los Órganos de la Administración del Estado, respecto de estas intervenciones y obras secretas, la Contraloría General de la República no está en condiciones de verificar el destino u objeto de la inversión de los recursos, porque la cuenta se realiza sin que sea necesario acompañar su documentación sustentatoria».
«De lo expuesto se deduce que los gastos cuya situación se analiza presentan algunas características especiales, tanto en lo que dice relación con la mayor discrecionalidad de la autoridad para su empleo, como por la forma de rendir las cuentas, lo que no permite en el hecho verificar los objetivos reales de tal inversión, y, consecuencialmente, si estos objetivos están o no vedados por la ley», agregó.
Lo anterior quedó en letra muerta cuando a la luz del escándalo del «Milicogate» y con Mendoza fuera de la administración pública, la División de Auditoría Administrativa de la Contraloría solicitó aclarar nuevamente sus facultades para fiscalizar los fondos de la ley N° 13.196.
En noviembre de 2015, a través del Dictamen Nº 98.501, la contralora general subrogante, Patricia Arriagada, dejó sin efecto lo resuelto por su antecesor.
De esta manera, modificando las palabras del hoy asesor programático de Piñera en torno a los recursos del cobre, Arriagada señaló que «corresponde a la Contraloría General su fiscalización en forma reservada», y que «las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa Nacional deben someterse a las instrucciones que al respecto le imparta el Órgano Contralor y presentar los documentos fundantes de las inversiones… incluso de aquellas obras militares declaradas secretas».
Matías Rojas – [email protected]