Casa en la playa pone a alcalde de Hualañé en la mira de Contraloría

La Contraloría Regional del Maule abrió un sumario en la Municipalidad de Hualañé, encabezada por el edil Claudio Pucher Lizama, tras detectar numerosas irregularidades en el marco de una fiscalización a los procesos de otorgamiento de permisos de edificación y construcción durante el año 2016.

La auditoría, reflejada en el Informe Final Nº 737-17, constató el uso de implementos y funcionarios municipales en el desarrollo de obras particulares, entre ellas una cabaña perteneciente al hermano del alcalde, Juan Carlos Pucher, en el borde costero de Licantén.

El diseño estaba almacenado en los discos duros del municipio. De acuerdo a lo establecido por Contraloría, el director de la Secretaría Comunal de Planificación de Hualañé (Secplan), Luis Vidal Rojas, participó como arquitecto proyectista de la vivienda de 38 metros cuadrados en compañía del asesor técnico municipal, José Ormazábal Silva, quien trabajó como dibujante.

En sus descargos, el alcalde dijo que algunos trabajos podían corresponder a actuaciones municipales destinadas «a personas de escasos recursos que no tienen la posibilidad de pagar por planimetría para las regularizaciones de sus viviendas o propiedades».

El argumento fue desestimado por el ente contralor, ya que dos de los proyectos, la mencionada cabaña del pariente de Pucher en el sector de Huapi-Iloca y una bodega apícola en Cochamó, se encuentran fuera de la comuna de Hualañé.

Paralelo a ello se comprobó el empleo inadecuado de un trazador de gráficos o plotter fiscal para imprimir los planos de otros seis proyectos privados en dependencias municipales.

INTERESES CRUZADOS

El informe reprochó la ejecución de 13 viviendas construidas en Hualañé con fondos del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional del Serviu Maule por la sociedad «Claudio Pucher y Compañía Limitada» o Dolmen Limitada, perteneciente al alcalde y su hermano Gerardo Pucher.

Esto porque la fiscalización de los proyectos de 6.630 U.F. quedó a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Hualañé, unidad que está sujeta indirectamente al control del alcalde, quien al mismo tiempo es socio de la firma, dejando entrever una incompatibilidad.

Pucher se defendió planteando que el contrato de particulares con Dolmen -desde la cual no se registrarían movimientos de dinero a las arcas personales de la autoridad, según la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (SII)- habría sido suscrito bajo la administración de su hermano Gerardo, quien presuntamente se hizo cargo de la empresa en forma exclusiva.

La Contraloría recordó que la libertad en el ejercicio profesional «se encuentra limitada por el principio de probidad administrativa, conforme al cual los empleados públicos tienen el deber de evitar que sus prerrogativas o esferas de influencias se proyecten en su actividad particular, aun cuando la posibilidad de que se produzca un conflicto sea solo potencial», por lo que estarían obligados a abstenerse de realizar actividades en el territorio en que ejercen sus competencias.

Dicho esto, el ente contradijo las palabras del alcalde, citando una escritura pública de fecha 18 de noviembre de 2010 ante el notario de Licantén, la cual define que la administración, representación y uso de la razón social de Dolmen sigue correspondiendo «a ambos socios -Claudio y Gerardo Pucher- quienes podrán actuar conjunta o separadamente».

DESORDEN ADMINISTRATIVO

Otras situaciones que tendrán que ser indagadas en el curso del sumario instruido por Contraloría se vinculan a la aprobación irregular de permisos de edificación con expedientes incompletos, fuera de los límites urbanos y sin las certificaciones sanitarias y proyectos de cálculo estructural.

Se comprobó así que, en los últimos tres años, la Dirección de Control Municipal no fiscalizó la materia auditada ni tampoco áreas críticas en finanzas y contabilidad para verificar «la legalidad de la actuación del municipio».

Finalmente, en la recaudación que efectúa la Tesorería Municipal de Hualañé, se observó la inexistencia de procedimientos de arqueos de caja, valores y documentos, «cuya finalidad es controlar los recursos disponibles a un período determinado y establecer eventuales faltantes y/o sobrantes de caja, permitiendo evitar la ocurrencia de errores, omisiones o actos ilícitos».

Matías Rojas – [email protected]