A través de una misiva dirigida a la presidenta Michelle Bachelet, el abogado peruano y quien lidera la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, elevó una solicitud con el objeto de que antes que termine su periodo la mandataria lleve a cabo un procedimiento extraordinario de regularización migratoria.
Entre los argumentos de la petición se señala que -de acuerdo a datos del Ministerio de Educación- se ha contabilizado la existencia de 33 mil menores de edad estudiantes que están en situación de irregularidad migratoria, indocumentados, lo que -se añade- permitiría estimar en 100 mil inmigrantes en general los que estarían en esa condición. Cifra que -sostiene- llegaría a 200 mil al considerar a los extranjeros que no tienen familiares en los centros educativos o simplemente no tienen familiares en Chile, los que -se cree- representarían a una mayoría de los inmigrantes en nuestro país.
En la misiva se plantea que el programa que viene aplicando el Gobierno para regularizar a los menores de edad indocumentados -si bien ha permitido realizar ese proceso con algunos chicos- «es muy acotado y solo considera a los menores y no a sus familiares». «Es parcial y su alcance a la fecha ha sido mínimo», apunta Noriega.
Foto: Gerardo Anabalón Valenzuela
«La sola postergación de este proceso es un riesgo»
En este escenario, el abogado señala que «es posible afrontar derechamente el tema de la irregularidad con un proceso de regularización extraordinario y general», para el cual -asegura- no sería necesario invertir recursos extraordinarios. «Las entidades existentes, como la PDI, el Servicio de Registro Civil, los Departamentos de Extranjería y Migración, son capaces de afrontar ese proceso, reasignando funciones, sin variar sustancialmente sus funciones ordinarias y por ello no demandarían mayores recursos, pudiendo inclusive representar un ahorro sustancial en ellos, al ser más eficientemente usados», explica.
El dirigente peruano advierte, además, que la irregularidad migratoria y la discriminación institucional «son las bases en las que se sustentan los múltiples casos que hemos denunciado sobre abuso, violencia y explotación contra la población inmigrante». En ese sentido, menciona el reciente asesinato del ciudadano haitiano Djon Benjamin por el supuesto retraso en el pago de $5.000 en la cuenta mensual de agua de la habitación que arrendaba. «La sola postergación de este proceso es un riesgo que está en sus manos evitar», añade Noriega, dirigiéndose a Bachelet.
En este contexto, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes ha convocado para este martes a una manifestación y punto de prensa a las 11:30 horas en la entrada de calle Compañía del ex Congreso de Santiago, momento en que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados sesionará sobre el proyecto de Ley de Migraciones.
El Ciudadano
Hazte socio 👍
Con tu donación aportas a la sostenibilidad económica y existencia de este medio.
Elige cómo quieres aportar a la existencia y financiamiento colectivo de este medio!
Reveniu 
