“No al muro carcelario”, exigían la mañana de ayer, martes 10 de enero, los vecinos de la calle Patriotas Uruguayos del Barrio Yungay, en la comuna de Santiago. Esto, debido a que el municipio, encabezado por el alcalde Zalaquet, permitió la construcción “arbitraria” de un muro meridiano de 12 metros de altura que es parte de la reconstrucción del Liceo de Aplicación.
El bloque de cemento separa el patio trasero de las casas con el establecimiento educacional, por lo que ambos -unos en sus hogares y otros en la escuela- estarán prácticamente “encerrados”.
La infraestructura del Liceo de Aplicación, además de daños estructurales que se arrastran desde 2008, sufrió graves daños tras durante el terremoto del pasado 27 de febrero y el reciente incendio que lo afectó, lo que impedirá que sus alumnos retomen las clases en marzo próximo. Por ello, el recinto se encuentra en proceso de reparación y ampliación, situación que no llamó la atención de los vecinos hasta que “de la noche a la mañana” vieron grandes torres de fierro destinadas a transformarse en muros gigantes que alcanzarán cerca de los tres pisos de altura.
Según los vecinos, el proyecto original se trataba de un gimnasio de alta calidad y bajo impacto, pero luego, el alcalde Pablo Zalaquett (Udnión Demócrata Independiente, UDI) realizó algunos ajustes presupuestarios para abaratar los costos y se determinó entonces construir una cancha techada con un muro lateral de más de 10 metros. Al no ser consultados previamente sobre esta decisión que afectará su calidad de vida -como lo establece el Consejo de Monumentos Nacionales-, los vecinos salieron a las calles a manifestar su descontento.
La pediatra Claudia Sagredo, vecina y perjudicada por este intento municipal, aclaró que los vecinos están “de acuerdo con que el liceo tiene que entregarse terminado lo antes posible a los estudiantes para que vuelvan a estudiar, pero sin muros carcelarios”. Y agregó que de comienzo de año nunca se informó nada de esto, hasta que un día vieron aparecer unas torres de fierro.
Los vecinos afectados en conjunto, se acercaron a hablar con el alcalde Zalaquett, quien estuvo de acuerdo con los reclamos que estos planteaban, por lo que dio la instrucción de que no se construyera nada hasta que no se llegara a un acuerdo, pero fue pasando el tiempo… noviembre… diciembre… y todo quedó en nada, según declararon los afectados.
El antropólogo Rodrigo Sepúlveda, también vecino de la calle Patriotas Uruguayos, manifestó que esto va a significar un deterioro para todo el barrio, porque el muro va a afectar la habitabilidad de las casas y a la larga va a significar la expulsión de los vecinos que residen en ellas. “Los vecinos son nuestro principal patrimonio y debemos solidarizar con ellos y con los estudiantes que necesitan volver a su liceo de manera urgente”, enfatizó.
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EL MURO CARCELARIO ES ILEGAL
“Nuestras casas están ubicadas en una zona típica, por lo que toda la normativa las protege contra cualquier tipo de destrucción o daño que afecte su identidad como patrimonio cultural”, declaró Claudia Sagredo, quien calificó la medida como “inconsulta, arbitraria e ilegal”.
Tal como dijo Sagredo, el barrio Yungay está protegido por las disposiciones de la ley N° 17.288 del Consejo de Monumentos Nacionales.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, explicó que esta zona tiene dos protecciones patrimoniales: Una se refiere a una conservación histórica, que es una norma de carácter municipal; y otra, de carácter legal, tiene que ver con la categoría de Zona Típica y Pintoresca que le otorgó el Consejo de Monumentos Nacionales a una cierta área del barrio.
“Las normas de los planes reguladores definen una serie de variables en los terrenos en donde se pueden construir edificaciones normales, pero en las áreas que están resguardas por instrumentos normativos de mayor jerarquía, como es el caso de una Zona Típica resguardada por la Ley de Consejo de Monumentos Nacionales, cualquier intervención que se quiera hacer allí tiene que ser autorizada por el Consejo de Monumentos Nacionales, y esto, de acuerdo al mandado del numeral 1 del articulo 30 de la ley correspondiente, no ha acontecido, o sea, se está violando la norma patrimonial, y esto los sabe el alcalde, el director de obras, y todos”, declaró Herman.
Por ello, agregó, “exigimos que se demuelan inmediatamente todas estas construcciones ilegales, porque es dañino encerrar a gente que vive tranquilamente en una zona protegida, en casas que tienen mas de 70 años, que son un patrimonio urbanístico (…) todas estas familias tienen derecho a vivir en un ambiente tranquilo”, sentenció.
Por Esteban Acuña
El Ciudadano
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