Para no olvidar

El modelo económico impuesto a sangre y fuego en Chile, contrasta con el auspiciado por Salvador Allende desde la Presidencia de la República: Desarrollar un Estado que, concertando a la Banca y a las empresas productivas esenciales bajo dirección nacional, asentara la participación entre el Estado, el sector privado y los mercados, para proporcionar al país los medios para una defensa frente a la invasión económica. En otros términos, se trataba de incorporar al concepto de soberanía, la soberanía económica.

Al contrario, las Fuerzas Armadas, instituciones encargadas de la defensa de la soberanía nacional, se caracterizaron por la destrucción y negación del régimen democrático; el establecimiento de una guerra contra el pueblo que deberían proteger; la desnacionalización de la economía en provecho del capital extranjero; la monopolización del poder político y económico por la burguesía financiera.

Este proceso de depredación y concentración del poder no fue espontáneo: Hasta 1970 Chile percibía por concepto de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales, tales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un monto de recursos cercano a 80 millones de dólares al año. Con la llegada de Allende a La Moneda, estos financiamientos fueron interrumpidos. Similar situación se produjo con los préstamos que Chile recibía de la Agencia para el Desarrollo Internacional del gobierno de Estados Unidos (USA-AID). La drástica suspensión de esos créditos, significó constricciones importantes en la balanza de pagos.

El país contaba con líneas de crédito a corto plazo de la banca privada estadounidense, destinadas al financiamiento del comercio exterior, por cerca de 220 millones de dólares. También fueron suspendidos en un monto de 190 millones de dólares, suma que el Estado debió pagar al no renovarse las operaciones respectivas. Igualmente fueron suspendidos los financiamientos para adquisición de bienes de capital, teniéndose que adquirir bienes tecnológicos y de otro orden con pago anticipado.

Fueron suspendidos los préstamos para Chile de parte de agencias del sector público de Estados Unidos, y que habían sido contratados con anterioridad a la iniciación del gobierno de Allende. En consecuencia, se tuvo que continuar la realización de los proyectos correspondientes, efectuando compras al contado en el mercado estadounidense.

La Internacional Telegraph and Telephone Company (ITT), financió acciones terroristas entre septiembre y noviembre de 1970, en colisión con grupos fascistas internos, culminando con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, quien se negaba a impedir el cumplimiento del mandato del pueblo. En octubre de 1970, la ITT propuso al gobierno estadounidense un plan de 18 puntos para derrocar a Allende en el plazo de seis meses, mediante el estrangulamiento económico, el sabotaje diplomático, la creación de pánico en la población, el desorden social, a fin de que el gobierno fuera sobrepasado y las Fuerzas Armaas fueran impulsadas a imponer una dictadura.

La Kennecott Copper Corporation, en septiembre de 1972, pidió el embargo del precio de las exportaciones de cobre chileno ante los tribunales de Francia, de Holanda y de Suecia, en represalia por la nacionalización del cobre, en circunstancias que ese acto constituye un principio esencial del derecho internacional que los recursos naturales de un país le pertenecen y puede disponer libremente de ellos.

La CIA destinó más de trece millones de dólares (que en el mercado negro tenían un equivalente hasta cuatro veces superior), para financiar los mass-media y las organizaciones gremiales y patronales que promovieron las huelgas de 1972 y 1973, en especial la del transporte y comercio.

Podría continuar enumerando hechos de boicot, de traiciones y de “olvidos” de quienes promovieron y aplaudieron el golpe de Estado y a la dictadura de Pinochet, atribuyéndolos a los “errores de la Unidad Popular”.

Es, por tanto, válido recordar parte del discurso de Allende en la ONU, el 4 de diciembre de 1972 y que posee plena vigencia: “… Estoy seguro que ustedes, representantes de las naciones de la tierra, sabrán comprender mis palabras. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la Humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos”. Además de los juicios por los crímenes y latrocinios cometidos en dictadura, se debe sumar la traición a la patria.

Por Hervi Lara

Comisión Ética Contra la Tortura

Para El Ciudadano