Admiten demanda contra director de Gendarmería por «prácticas antisindicales»

El Segundo Juzgado Laboral de Santiago acogió a trámite una demanda presentada por la Directiva Nacional de la Asociación de Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (ADIPTGEN) contra la máxima autoridad de la institución, Jaime Rojas Flores, ante eventuales hechos de persecución y discriminación a funcionarios.

La acción pide reparar «vulneraciones a la libertad sindical» de afiliados que han sido excluidos del proceso de aumentos de grado, principalmente aquellos que han realizado denuncias a la Contraloría General de la República frente a posibles irregularidades en licitaciones del ente penitenciario.

La más bullada de ellas se relaciona con la adjudicación del sistema de monitoreo telemático a la firma de capitales israelíes Global Systems SpA, la cual fue paralizada ante el Tribunal de Compras Públicas por dos empresas oferentes que alegaron incumplimiento a las bases administrativas.

El libelo de ADIPTGEN Nacional dirige su acusación como responsable de «hechos constantes y continuos» de hostigamiento al subdirector de Administración y Finanzas (s) de Gendarmería, Sergio Palma Sepúlveda, ex funcionario de inteligencia de Interior cuya gestión habría borrado con el codo compromisos adquiridos con el gremio para concretar la nivelación de grados.

Dichos acuerdos nacieron de una mesa de trabajo formada en 2016 para «establecer criterios y mecanismos equitativos y adecuados que reparen la enorme distorsión que en materia de carrera funcionaria exhiben los distintos estamentos de Auxiliares, Administrativos (I), Técnicos (II) y Profesionales (III) de Gendarmería».

En junio de 2017, argumentando faltas de presupuesto, Palma informó que solo financiaría a 82 profesionales de un total de 315 que estaban pendientes de nivelación. Este actuar, que para la ADIPTGEN Nacional fue completamente «unilateral», permitió «subir grados a unos en desmedro de otros, sin criterio objetivo ni técnico alguno».

El texto relata la persecución que debió enfrentar el presidente nacional de ADIPTGEN, Juan Carlos Muñoz, quien fue sacado del Departamento de Recursos Humanos de Gendarmería con baja en sus grados. Esto habría ocurrido mientras dirigentes de la Región Metropolitana del período anterior que se mostraban como partidarios de la administración de Jaime Rojas lograban aumentar sus sueldos mediante negociaciones individuales con Palma.

Dichos representantes capitalinos (salientes) de la organización, «autoatribuyéndose facultades que no les corresponde sindicalmente, negociaron directamente con la autoridad los aumentos de grados para determinados funcionarios, y lo que es más grave, la autoridad no sólo estuvo dispuesta, sino que lo fomentó, incentivó y participó en ellos, convocándolos y acordando con estos dirigentes locales aumentar grados a determinados profesionales», indica la demanda.

Como otra víctima de las malas prácticas se menciona a Magaly Troncoso, abogada de Gendarmería que en pleno período de elecciones internas de ADIPTGEN habría sufrido «presiones indebidas y amedrentamientos» de Palma, «quien la instó a renunciar a su candidatura, adivirtiéndole con traslados y que se ‘atuviera a las consecuencias'».

La demanda no solo recuerda que el Estado chileno suscribió el Convenio 151 de la OIT, el cual llama a reconocer la libertad sindical en el sector público. También cita el Instructivo Gabinete Presidencial 001/2016 de Michelle Bachelet, que ordena a los servicios públicos incorporar a las asociaciones de funcionarios en el diseño de políticas internas.

La primera audiencia preparatoria del juicio quedó fijada para el 30 de enero próximo a las 08:30 horas. La representación de Rojas será asumida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Matías Rojas – [email protected]