En los últimos días del 2017, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió anular la sentencia absolutoria de los 11 comuneros mapuche que fueron imputados en el marco de la investigación por el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay. Con esta decisión, un nuevo juicio oral se realizará a contar de febrero, proceso que ha generado descontento en numerosas organizaciones sociales, una de ellas, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT).
A través de una declaración pública, la agrupación manifestó su “absoluto rechazo a la persecución política a través de la anulación del dictamen definitivo sobre la causa que le adjudicaba responsabilidad penal a la Machi Francisca Linconao y los diez peñi involucrados en dicha causa”.
El MAT recordó que “durante la Dictadura militar, en el año 1984 se crea la Ley Antiterrorista con el objetivo de perseguir a opositores al régimen, en esta Ley se tipifica los delitos considerados terroristas. Posteriormente, el año 1991, se incluye en delito de Incendio (mediante el cual es juzgado actualmente en el caso Luchsinger-Mackay). Esta ley permite la utilización de testigos sin rostro, extensión de los periodos de prisión preventiva y obstaculización de medidas cautelares, lo que es considerado por organismos internacionales como una violación a los Protocolos y garantías Constitucionales”.
Desde el MAT aprovecharon de convocar a movilizaciones “en contra de la persecución política del Pueblo Mapuche y sus Autoridades Ancestrales”.
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