Movimiento Litio para Chile rechaza conciliación de Corfo con SQM: «Se trata de un pacto con una empresa casi delincuencial»

El fantasma de los aportes de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) a campañas políticas, las investigaciones de cohecho y la serie de malas prácticas financieras en la gestión de la empresa entregada durante la dictadura al ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, llevó a Corfo a revisar los contratos suscritos y evaluar la recuperación de la hoy cuestionada compañía.

Tras una serie de disputas judiciales y una extensa negociación entre la estatal y la empresa, el asunto se encontraba en punto muerto. Eso, hasta que los resultados de las elecciones presidenciales dieran electo a Sebastián Piñera y se reiniciarán las gestiones para llegar a un acuerdo entre las partes.

La clave del convenio es la salida de Ponce Lerou como controlador de la empresa, modificar la estructura del directorio de SQM y de la administración de la misma, sin tocar la propiedad del ex yerno del dictador.

Las críticas no demoraron en aparecer. Una de las voces más fuertes proviene del Movimiento Litio para Chile, que por años ha desarrollado una campaña por la recuperación de la empresa -que en la actualidad es la mayor productora del elemento químico a nivel mundial-, además de denunciar las prácticas de Ponce Lerou que hoy son investigadas por la Justicia.

Uno de los voceros del Movimiento es Miguel Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos, quien en conversación con El Ciudadano sostiene que esta empresa «el Estado la debe recuperar porque fue mal habida por quienes usurparon el poder y los bienes pertenecientes a todos los chilenos». Junto con ello, agrega: «con este tipo de acuerdos se está hipotecando eso y entregando sus riquezas con procedimientos poco claros».

Soto añade que este posible convenio rompe con el principio de que «es el Estado el que debe controlar una riqueza que es estratégica y que debe asegurar que dicha riqueza tenga una gobernanza adecuada».  De paso, asegura que van a buscar «todas las herramientas necesarias para evitar que se sigan dando este tipo de negociados a espaldas de la ciudadanía».

Miguel Soto

¿Qué significa este acuerdo de Corfo con SQM y cuáles son las consecuencias que puede tener? 

Para nosotros tiene un significado muy complejo, pues un acuerdo entre Corfo y SQM la verdad es que se trata de un pacto con una empresa casi delincuencial y que estaría siendo avalado este tipo de conductas por alguien que por años estuvo cometiendo los delitos que se le imputan a esta empresa. Eso nos parece absolutamente grave, por lo que las excusas que se dan, sobre la salida de Ponce Lerou como un hecho suficiente, permitiría avalar estas conductas castigando solo a quien era controlador de esta empresa. Nosotros creemos que la empresa en general ha tenido grados importantes de corrupción y no se puede culpar solo a su cabeza. Es, al menos, poco serio.

¿Por qué cree que se da este giro? 

Lo que yo puedo sostener es que la experiencia de los últimos 40 años -o al menos desde el término de la dictadura- es que quienes realizan este tipo de acuerdos terminan siendo altos representantes de estas empresas, lo que se convierte en nuestra preocupación principal. No entendemos que hoy se puede avalar este acuerdo con una empresa corrupta. Creemos que el Estado la debe recuperar porque fue mal habida por quienes usurparon el poder y los bienes pertenecientes a todos los chilenos.

Y además SQM está vinculada a la mayoría de los casos de corrupción conocidos últimamente. ¿Es legitimar eso? 

Así es, no es más ni menos que eso. Por eso manifestamos nuestra preocupación y, además, considerando la excusa de que saca a Ponce Lerou a un lado, ¿quién nos asegura que sea realmente así?… cuando vemos que los fideicomisos ciegos no alcanzan a ser tuertos, por lo tanto, no son más que apariencias porque atrás sigue operando el mismo controlador o de la manera que lo han realizado hasta la fecha.

En ese sentido, ¿hay un modelo productivo que el Gobierno reconoce y defiende?

Fuera de eso, trasgrede el principio que sostuvo la presidenta Bachelet cuando nombra la Comisión Nacional del Litio, la que sostiene que es el Estado el que debe controlar una riqueza que es estratégica y que debe asegurar que dicha riqueza tenga una gobernanza adecuada, cuestión que SQM ha incumplido reiteradamente sin ningún rubor, dejando de lado la ética y moral que debiera tener una empresa de esa naturaleza. Este acuerdo desconoce planteamientos que establecen que haya una empresa estatal que controle una riqueza de insospechadas dimensiones, como es el mineral del litio.

¿Cómo se puede proyectar el desarrollo de esta industria en estas condiciones? 

Esa es nuestra preocupación, ya que entregar toda la producción de litio a SQM -que hoy alcanza el 95%- es casi demencial, entendiendo que esta no es una riqueza cualquiera. Junto con eso, la explotación de ésta debe tener un orden, ya que afecta al medio ambiente, porque al retirar los salares como lo hacen hasta ahora y que tienen a SQM con una serie de querellas por los propios organismos del Estado, es inexplicable que se llegue a este tipo de conciliación, ya que los incumplimientos medioambientales seguirán adelante por parte de SQM.

Ahora, esto depende de un cambio en el modelo de desarrollo

Evidentemente, seguir adelante con un modelo de desarrollo dependiente, que destruya las riquezas básicas y que se les entreguen a las trasnacionales sin un valor agregado, es seguir bloqueando la posibilidad de que Chile sea un país desarrollado a través de potenciar la industria nacional.

A propósito de esto, ¿están planeadas acciones para visibilizar este hecho? 

Nosotros lo estamos denunciando y seguiremos en nuestra lucha para que el país recupere sus riquezas básicas, que ayudarán para que el Estado resguarde derechos básicos como educación, salud o vivienda. Con este tipo de acuerdos se está hipotecando eso y entregando sus riquezas con procedimientos poco claros. Vamos a buscar todas las herramientas necesarias para evitar que se sigan dando este tipo de negociados a espaldas de la ciudadanía.