A nueve meses que comiencen las elecciones municipales a realizarse el 18 de octubre de 2012, ya han aparecido en los espacios públicos las primeras gigantografías, afiches y lienzos con el rostro de algunos aspirantes a alcaldes o concejales, pese a que la ley no lo permite. Maipú, Providencia y Antofagasta, son las comunas y ciudades donde se aprovechó el vacío legal existente al respecto.
Como si no fuera poco con los avisos publicitarios que inundan las calles de la ciudad, la propaganda política amenaza con aumentar hasta el exceso, a medida que se acerque el periodo legal de las elecciones municipales.
Según la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, existe un plazo legal para iniciar el proceso de propaganda política que es de treinta días antes que se inicie el periodo oficial. Sin embargo, es sabido que tal como ocurre en cada proceso de elecciones, los “discretos” llamados a votar por tal o cual candidato aparecen anticipadamente, afectando aún más el panorama visual de una ciudad atestada de estímulos visuales venidos del marketing.
“Son 30 días antes del día de las elecciones municipales, pero nadie cumple esto porque mucho antes ya están desatadas las campañas”, aseguró el abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Armando Aravena, quien agregó que “hay mucha permisividad en el tema del plazo, esta ley de votación popular y escrutinio responde a la fiscalización de Carabineros e inspectores municipales”; sin embargo, ante el vacío legal al que se ven enfrentados -y que ya está prácticamente “asumido” e incluso “aceptado”-, no hay nada que hacer. La tarea, por lo tanto, es del Parlamento.
VACÍO LEGAL
“Si un carabinero ve el anuncio y cursa una infracción y presenta una denuncia en el Juzgado de Policía Local, esta persona -alcalde o concejal denunciado- dice que su caso particular no se encuentra tipificado en el artículo 30 de la ley sobre votaciones y escrutinios populares”, relató Aravena, abogado de la ACHM.
De acuerdo a lo establecido por ley, se entenderá por propaganda electoral la dirigida a inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados o a apoyar alguna de las proposiciones sometidas a plebiscito. Dicha propaganda sólo podrá efectuarse en las oportunidades y en la forma prescrita en esta ley, concluye el artículo 30.
“La pista ya está lista. David Morales, alcalde”. Esa frase se puede leer en un cartel gigante en que aparece el alcalde de Isla de Maipo, David Morales de la Democracia Cristiana (DC) -quien pretende postular al mismo cargo en Maipú-, en la intersección de Esquina Blanca con Avenida Camino a Melipilla.
Christian Vittori (DC), actual concejal, también empezó su campaña electoral. En una muralla ubicada en el mismo sector, dice “Vittori te defiende”. Otro caso similar ocurre en Antofagasta. Andrea Merino, candidata a alcaldesa, comenzó en abril a difundir su propaganda con un cartel gigante que, como en los casos anteriores, no llama a votar explícitamente por ella.
Por lo tanto, los tres casos señalados, no se trata, según lo establece la ley, de “propaganda electoral”, porque no llaman explícitamente a votar por un candidato determinado, lo que sirve de argumento para aprovecharse de este vacío e inundar de panfletos las calles de la ciudad.
El concejal de Renovación Nacional, Carlos Richter, presentó los antecedentes ante la Contraloría General de la República para que investigue la denuncia en contra de David Morales, quien desde hace 4 meses durante las horas de trabajo formal, realizas diversas actividades propagandísticas en la comuna de Maipú. Richet presentó fotografías, publicaciones en facebook, videos en Youtube y mensajes en la cuenta de Twitter, que dan cuenta de la campaña que está realizando el edil.
“Con el sueldo de Isla de Maipo -sostiene el concejal- Morales hace campaña en Maipú, pero el tema es que no es ilegal, es la utilización de un resquicio legal”, aseveró Richter.
Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad, aseguró que se trata de una medida “abiertamente ilegal y abusiva, porque el Estado, como no ejerce su rol en defender el interés público, no reacciona y permite que los avisos sigan colgados de cables eléctricos de la ciudad”.
Y agregó: “No existen multas por un monto que inhiba a estos violadores de la ley a colocar sus carteles, son por multas despreciables y es más, tampoco se pagan; situación que debe ser resuelta a la brevedad. Los vecinos tienen una obligación que es denunciar estos casos para que la municipalidad retire con sus trabajadores toda esa propaganda clandestina en un plazo de 48 horas, y cursar las multas correspondientes y asegurarse de que sean pagadas”, declaró Herman.
Por Esteban Acuña
El Ciudadano
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