Diputado Carmona pidió ingreso de ley que fortalece el rol fiscalizador de Cochilco

Tras la controversia generada entre Codelco y la Contraloría General de la República en torno a quién corresponde la labor fiscalizadora sobre la minera estatal, el diputado miembro de la Comisión de Minería, Lautaro Carmona, promovió un Proyecto de Acuerdo a fin de insistir en el ingreso de un proyecto de Ley por parte del Ejecutivo, que fortalezca las atribuciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) sobre la cuprífera.

Cabe destacar que en estos días se discuten las conclusiones de la llamada “Comisión Investigadora de Codelco”, en donde uno de los puntos destacados ha sido, justamente, la necesidad de revertir el paulatino debilitamiento de Cochilco a partir del año 2010.

“En la controversia pública entre Contraloría y Codelco, ha quedado en evidencia que hay un hecho que al menos nosotros compartimos. Hace falta una mayor fiscalización acerca del funcionamiento de Codelco, sin que afecte su competitividad en el mercado del cobre, toda vez que como la principal empresa del Estado y de Chile en un tema que tiene mercado internacional, debe estar en condiciones de que su gestión gerencial no regale ventajas a la competencia”, aseveró el diputado Carmona.

El parlamentario agregó que Cochilco, como corporación fiscalizadora de los actos de Codelco, debe ser más activa. “Estamos ciertos de que no es posible fiscalizar cada día, en cada punto del país de la labor de Codelco, pero sí hacerlo en una forma mucho más proactiva entendiendo que los que se quiere resguardar es darle garantías a todos que nadie hará un negociado en beneficio propio o familiar o de un grupo de interés cercano, con lo que es ejercicio de la principal empresa del Estado”, agregó.

El texto del Proyecto de Acuerdo, firmado además por los diputados Luis Lemus (PS) y Marcos Espinosa (PR), solicita a la Presidenta Michelle Bachelet presentar una iniciativa de ley relativa al fortalecimiento de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). En él se destaca que entre los años 2010 y 2014, “se redujo drásticamente la planta fiscalizadora, desde los 14 a los 7 fiscalizadores, debilitándose su capacidad de auditar y conocer los contratos que suscribió en ese momento la cuprífera estatal”.