Esta mañana, la Corte de Apelaciones de Santiago exigió al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, un informe donde éste explique las acusaciones realizadas sobre la supuesta responsabilidad de comuneros mapuche -de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)- en el incendio de Carahue. El recurso de amparo fue presentado por el abogado Juan Loncon y el ex director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Domingo Namancura.
«Hace pocos días se incendió un helicóptero destinado a apagar el fuego, y ese atentado terrorista fue reivindicado por la CAM. A partir de eso uno puede conjeturar y decir quién está detrás de otros incendios que pueden ser intencionales», señaló Hinzpeter a pocas horas del incendio, generando molestia en el mundo mapuche, político y ciudadano.
Ante la acogida del recurso de amparo preventivo, Rodrigo Hinzpeter tiene un plazo de 48 horas para dar a conocer las pruebas y fundamentos que lo llevaron a enunciar sus polémicas declaraciones ante los medios de comunicación.
LEY HINZPETER TOMA SUMA URGENCIA EN PARLAMENTO
Por estos días, la iniciativa legal liderada por el Ministerio del Interior que busca fortalecer el resguardo del orden público, ha pasado a la categoría de «suma urgencia» en su tramitación en el Parlamento.
En una de sus cláusulas, el proyecto afirma que «se propone establecer claramente una responsabilidad penal para quienes participen o hayan incitado, promovido o fomentado, desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia que importe la realización de determinados hechos graves como paralizar o interrumpir algún servicio público, tales como los hospitalarios, los de emergencia y los de electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte. Igualmente, son desórdenes públicos penalmente relevantes los que importan, mediando fuerza o violencia, invadir, ocupar o saquear viviendas, oficinas, establecimientos comerciales, industriales, educacionales, religiosos o cualquiera otro, sean privados, fiscales o municipales; o si importan impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejantes; atentar en contra de la autoridad o sus agentes; o si se emplean armas de fuego, cortantes o punzantes, artefactos o elementos explosivos, incendiarios o químicos u otros capaces de producir daños a las personas o a la propiedad para tales efectos; en fin, si importan causar daños a la propiedad ajena, sea pública, municipal o particular».
La iniciativa también busca la sanción de quienes se manifiesten ocultando su rostro con alguna capucha u otro elemento. «El proyecto propuesto agrava las sanciones a quienes cometan los delitos ya descritos anteriormente, intentando ocultar su identidad mediante capuchas u otros medios destinados al efecto».
En tanto, el proyecto también busca facilitar la obtención de pruebas por parte de la policía a través de una «petición» a los medios de comunicación, afirmando que se «propone incorporar una nueva facultad para las Fuerzas de Orden y Seguridad para que éstas puedan solicitar la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal».
Para este jueves 19 de enero, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y otras organizaciones han convocado a una manifestación masiva que busca repudiar la llamada «Ley Hinzpeter». La cita es a las 18 horas, en las afueras de la Corte Suprema.
Para más información, revise la última edición impresa de El Ciudadano, con detalles de las acusaciones de Hinzpeter en el caso del incendio en Carahue.
NOTICIA EN DESARROLLO
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano
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