Entregando su veredicto luego de constatar una serie de irregularidades financieras en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique durante 2014 y 2015, la Contraloría General de la República aceptó aplicar una medida disciplinaria de suspensión de empleo por 30 días contra el actual mandamás del penal de Talca, coronel Óscar Aravena Arancibia.
Las anomalías que involucrarían al ex director regional de Aysén están plasmadas en el Informe Final Nº 1.282 de 2015, el cual auditó los macroprocesos de adquisiciones y abastecimiento bajo la administración del alto oficial de Gendarmería.
La fiscalización se enfocó principalmente en el Centro de Estudio y Trabajo Cerrado (CET) de la cárcel coyhaiquina, donde existía una alta concentración de funciones para autorizar y confeccionar registros de pago y conciliaciones bancarias, infringiendo normas que obligan a asignar las tareas a personas distintas para «reducir riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos».
La Contraloría Regional de Aysén «determinó que existen adquisiciones realizadas por el CET Coyhaique, las ascienden a un monto total de $23.877.844, que carecen de las respectivas órdenes de compra en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, situación que vulnera el artículo 18, inciso primero, de la ley Nº 19.886».
La revisión comprobó también que «las órdenes de compra que formalizaron las adquisiciones efectuadas por el CET Coyhaique, las cuales ascienden a un total de $55.255.049, registran fechas posteriores a las facturas que las respaldan».
En este ámbito, descubrió que, en casos que suman $7.489.633, el recinto licitó la compra de productos que posteriormente fueron sustituidos por otros. La Dirección Regional de la época explicó que «si un proveedor adjudicado no cuenta con uno de los productos al momento de ser requerido, éstos pueden ser reemplazados», argumento que la Contraloría rechazó.
Algunos valores considerados en facturas que respaldaban otros productos, adquiridos por un monto de $5.618.691, «no coincidían con los indicados en las respectivas órdenes de compra», agrega el documento.
El mismo señala que en todas las compras efectuadas por el CET Coyhaique, «las cuales ascienden a un total de $75.201.803, no se realizó el procedimiento contable del devengado,» y que el centro ejecutó 23 compras por $21.167.686 donde «la documentación que las respalda se relaciona con licitaciones públicas que no corresponden al período en el que aquellas fueron realizadas, o que fueron adjudicadas por otros Centros de Gendarmería de Chile».
Más adelante se observa que en «43 adquisiciones efectuadas… las cuales suman un total de $52.083.291, no se adjunta la documentación que dé cuenta de las modalidades de compra utilizadas y del cumplimiento de las exigencias aplicables en cada caso».
«Se constató que de las facturas N° 198.349 y N° 199.026, ambas del 2014, del proveedor Molinera del Sur S.A., por la compra de harinas, levaduras, mantecas y su traslado al recinto, por $ 3.251.966, no se presenta registro de recepción de los bienes en el CET Coyhaique, ni tampoco se tuvo a disposición del equipo de fiscalización el respectivo respaldo de su ingreso», indica otro punto.
La entonces autoridad regional admitió que las deficiencias en el control del funcionamiento del CET se arrastraban desde 2013, lo que dio lugar a que «recursos del Estado fueron mal gestionados, generando una pérdida ascendente a $23.125.697» en ese período.
Matías Rojas – [email protected]
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