Caso Víctor Jara: Familiares solicitan a Allamand que entregue antecedentes sobre el asesinato

A las 13:30 de hoy, 23 de enero, en el piso 21 del Ministerio de Defensa, Joan Alison Turner Roberts junto con su hija Amanda, sostuvo una reunión de carácter privado con el titular de la cartera, Andrés Allamand, para solicitar su colaboración en la investigación del asesinato de Víctor Jara -su esposo-, ocurrido en 1973, días después del Golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas (FF.AA) -dicen los familiares- no han querido entregar toda la información que tienen respecto al homicidio.

La muerte de Víctor Jara es una de otras tantas investigaciones pendientes por violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH) ocurridos en dictadura que continúan vigentes.

“No vengo con mucha esperanza”, dice Joan Turner en las afueras del Ministerio de Defensa, una vez que finalizó la entrevista con Allamand, quien fue consultado por El Ciudadano respecto a la reunión, pero se negó a entregar declaraciones. Han pasado 38 años desde el homicidio de Víctor Jara y asegura que no es primera vez que las FF.AA se muestran “dispuestas” a ayudar en la investigación del caso… pero luego, las intenciones no se han concretado.

Por ello -declaró Turner- ha venido a pedir la “influencia y cooperación” del Ministro para que “de una vez, las FF.AA entreguen información sobre el homicidio de Víctor Jara, sobre todo lo que pasó en relación a las violaciones de Derechos Humanos (…) han tenido tantos años para pensar dónde guardar los secretos, que es imposible sacar alguna información de estas instituciones tan herméticas”, aseguró.

A la reunión también asistió el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, quien sostuvo que las Fuerzas Armadas tienen todos los antecedentes como para poder decir quiénes son los responsables de la muerte de Víctor Jara y también de Litre Quiroga, ex director de Gendarmería, quien fue asesinado junto al cantautor.

“Me parece inaudito que las Fuerzas Armadas puedan reconstituir la dotación de la Esmeralda en su época, o la dotación del cuartel de la batalla de la Concepción y no puedan reconstituir un hecho más reciente, del año ‘73, y todavía no tengamos respuesta», dijo Caucoto, quien reconoció además el esfuerzo individual de la familia por recolectar información, en circunstancias que -reiteró- esta “se encuentra en estamentos estatales como el Ejército de Chile”.

CAMBIO DE MINISTRO, UN RETROCESO

“Queremos reiterar que las Fuerzas Armadas jamás han colaborado en la investigación del asesinato de Víctor Jara”, aseguró la directora de la Fundación Víctor Jara, Gloria Konig.

Según ella, la reunión con el ministro de Defensa la venían solicitando hace bastante tiempo, pues entre los familiares de Víctor Jara ha aumentado la preocupación desde que el caso fue entregado al juez Miguel Vásquez, luego de que en junio de 2011, la sala del Senado aprobara por unanimidad el proyecto de ley que modificó el Código Orgánico de Tribunales, otorgando facultades transitorias a la Corte Suprema para la resignación de jueces.

En septiembre de 2011, Juan Fuentes Belmar, quien ocupó el cargo de presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago y juez encargado del caso de la muerte de Víctor Jara, fue designado por amplia mayoría como nuevo ministro de la Corte Suprema, ocupando la vacante que dejó la ministra Margarita Herreros.

Dicho cambio, que formó parte de la modificación que supuestamente tenía como propósito “mejorar la administración y gestión del Poder Judicial”, significó para el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, un retroceso.

Caucotó explicó que habría que volver a la designación de jueces con dedicación exclusiva, ya que sería la única manera más rápida y eficaz para que casos emblemáticos como Operación Colombo -operativo montado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), en 1974, para encubrir la desaparición forzada de 119 opositores al régimen militar- o Calle Conferencia, en el que asesinaron a las dirigencias del Partido Comunista, en 1976, por la DINA, al mando de Manuel Contreras, se resuelvan lo antes posible.

“Esperamos que el juez Vásquez, quien tomó la causa, cuenta con la cooperación de equipos técnicos y profesionales, fundamentales a la hora de la diligencia que se está solicitando”, agregó Konig de la Fundación Víctor Jara. “Vamos a solicitar diligencia específicas a través del nuevo juez y el ministro de comprometió a darle un impulso para buscar efectivamente dentro de los canales que él pueda hacer, la información que hemos solicitado”, concluyó.

DOS AÑOS DE PLAZO PARA 700 CASOS PENDIENTES

A principios de este año, la Corte Suprema anunció que habrá un plazo máximo de dos años para cerrar todas las causas de violaciones a los derechos humanos que están pendientes desde 1973. Hasta el momento se contabilizan en el Poder Judicial más de 700 querellas por crímenes de lesa humanidad.

Según el vocero de la Corte Suprema, Jaime Rodríguez Espoz, tras la muerte del juez Víctor Montiglio en 2011 -ex ministro de la Corte de Apelaciones encargado de diversas causas asociadas a los Derechos Humanos, como Caravana de la Muerte, Operación Cóndor, Calle Conferencia y Operación Colombo, entre otras- estas se redistribuyeron. Sin embargo, aseguró Espoz, los tribunales no se cerrarán a la posibilidad de recibir más demandas.

Por lo anterior, con el propósito de que el caso se aclare lo más pronto posible, Gloria Konig llamó a quienes tengan información acerca del caso Víctor Jara, “a los conscriptos que estuvieron esos años (de la dictadura) en el Estadio de Chile, que entreguen la información, pues es necesaria para avanzar en la búsqueda de la verdad porque, de lo contrario, no podemos avanzar”.

Por Esteban Acuña

El Ciudadano