El Comité de Auditoría Parlamentaria le hizo llegar, hace algunas semanas atrás, una carta a Sergio Páez, presidente del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP), donde se detallaban algunos gastos poco «prudentes» por parte de algunos senadores y diputados.
La función del CRAP es fijar los citerios del uso de los fondos que los distintos parlamentarios reciben del Estado para poder realizar su trabajo legislativo.
En el documento, si bien no se detallan la cantidad de senadores y diputados investigados ni sus respectivos nombres, se detalla que el Comité se encuentra haciendo una auditoría en los Gastos Operacionales del 2017. Con esto se busca que el ente regulador haga un pronunciamiento con el fin de transparentar algunas situaciones «poco austeras».
Uno de los puntos más desarrollados en el manifiesto, es el de Gastos de Alimentación. En este apartado, se logra apreciar que «se ha detectado la inclusión de consumo de alcohol en las rendiciones». El problema, sigue, se debe a que «el alcohol no puede considerarse alimento, al no constar de nutrientes para el organismo”.
Además, y como consigna La Tercera, siguiendo en este mismo ámbito, el Comité espera que el CRAP regule el reembolso de las propinas, ya que estas últimas suelen incluirse en las rendiciones.
Otro punto que se revela en el comunicado, son los exagerados gastos en transporte por alguno de los parlamentarios. Según el Comité existen «comprobantes de taxi por valores superiores a $ 100 mil, sin mayor especificación de los tramos recorridos. También la utilización del mismo medio de transporte para desplazarse entre Santiago y Valparaíso”.
Alojamiento y Bencina también están en el ojo de mira. En el primer apartado se registran gastos superiores a $1 millón de pesos. En el segundo, se detallan montos de $3 millones de uso de bencina al mes.
“El comité estima conveniente poner en conocimiento del Consejo Resolutivo que en la auditoría se han advertido gastos que no parecen enmarcarse en los criterios de prudencia y austeridad que deben orientar el uso de asignaciones”. Esto, con el fin de utilizar los fondos públicos en forma “racional y razonable, sin incurrir en gastos excesivos o innecesarios” cierra el comunicado.