Marcelo Troncoso, académico UDEC: «Hinzpeter tiende a encontrar culpables antes que los Tribunales»

“Cuando el ministro Hinzpeter sindica como culpable a un grupo, esto implica un riesgo a la libertad de las personas aludidas”, asegura Marcelo Troncoso, profesor de derecho de la Universidad de Concepción. Por otro lado, en lo que respecta al la ley de resguardo del orden público, es categórico en asegurar que no contribuiría en ninguna medida a disminuir las conductas criminales. Este es su análisis.

Diversas han sido las reaccionas en el país tras el rechazo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el sábado recién pasado, a un recurso presentado por comunidades mapuche contra el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por declaraciones en las que vinculó a algunas organizaciones indígenas con los incendios forestales registrados en el sur del país.

Según explica el abogado Marcelo Troncoso Romero, miembro de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Concepción, y profesor de dicha casa de estudios, “las causas por las que se desestimó el recurso se fundamentan en que los ministros consideraron que las declaraciones que hizo Hinzpeter no constituyen amenaza, puesto que él no tiene la potestad de culpar ni meter preso a nadie, debido a que en Chile existe un estado de derecho que funciona, y son sólo los tribunales los que establecen responsabilidades”, dice Troncoso.

Desde su perspectiva profesional, Troncoso comenta que las declaraciones de Hinzpeter fueron “algo apresuradas”, ya que si bien no culpó directamente a las comunidades mapuches, dejó en la ciudadanía la impresión de su culpabilidad.  “En el caso bombas ocurrió algo parecido, Hinzpeter en el ejercicio de su deber de velar por la seguridad ciudadana, tiende a encontrar culpables antes que los tribunales”, arguye el abogado.

Al rechazar el recurso interpuesto por los mapuches “la Corte simplemente se ampara en una formalidad”, explica el profesor de la Universidad de Concepción (UDEC), ya que cuando el ministro Hinzpeter sindica como culpable a un grupo, esto implica un riesgo a la libertad de las personas aludidas, porque a partir de dicha acusación, el Ministerio Público podría haber formulado cargos. “Por ejemplo, una denuncia del Ministro Hinzpeter que es tomada en serio por la fiscalía, puede traducirse en la privación de libertad para cualquier persona, como ocurrió el año anterior con los comuneros que fueron procesados por la ley antiterrorista y que pasaron un año en prisión”, agrega Troncoso.

LEY HINZPETER

Respecto a la ley de resguardo del Orden Público, conocida últimamente como la Ley Hinzpeter, Troncoso es claro: “El ministro transformó el problema de la educación en un problema de orden público, todo lo soluciona dictando leyes y subiendo las penas, mientras tanto tenemos una de las tasas de personas en prisión más elevada del mundo”, dice.

Marcelo Troncoso explica que cuando se penaliza algunas de las formas tradicionales de protesta social, resulta evidente que  se pretende tratar como delito una conducta que nunca se ha tratado como tal. “Yo no digo que estén bien las tomas, pero me parece exagerado que una persona quede sindicada como delincuente y  que tenga un tratamiento penal por ello”, agrega.

“Seguir pensando que los ciudadanos van a dejar de protestar porque constituiría un delito, es no tener en cuenta la historia de las protestas sociales en el país. De hecho, los encapuchados siguen tirando molotov, a pesar de que antes no era delito y hoy si lo es”. Por lo tanto, “no es cierto que elevando penas se van a disminuir las conductas criminales”, concluye el abogado.

Enviado por Comunicaciones Asoc. Académicos y académicas UDEC