Abogada ambientalista: Dominga “no se adecúa a los estándares jurídicos necesarios para ser aprobado”

Durante los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de enero, los ministros del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta encabezados por el presidente Daniel Guevara y los ministros titulares Mauricio Oviedo y Marcelo Hernández, escucharon los alegatos de los dos abogados representantes de las partes, Andes Iron y el Servicio de Evaluación Ambiental, y once representantes de terceros coadyuvantes, entre ONGs, organizaciones a favor y en contra del rechazo, personas naturales, científicos.

Fueron extensas jornadas en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde funciona momentáneamente el recién inaugurado el Primer Tribunal Ambiental. Lo que se discutió en los alegatos tuvo que ver con la reclamación que hizo Andes Iron al rechazo que se dio al proyecto minero portuario por parte del Comité de Ministros en octubre pasado. Es decir, si el rechazo ha cumplido con la ley y si se respetó la institucional ambiental  y el cuidado al medioambiente contenido en los principios inspiradores de la Ley de Bases Generales del Medioambiente.

Dominga es un proyecto minero portuario que pretende producir 12 millones de toneladas de concentrado de hierro anuales y 150.000 toneladas de concentrado de cobre anuales como subproducto. Tiene una vida útil de 26 años y una inversión de US$2500 millones.

Como obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental desfavorable, Andes Iron realizó una reclamación al Comité de Ministros, y ante la confirmación administrativa del rechazo, el titular reclamó al Tribunal Ambiental. Ahora, que es la tercera instancia en que los inversores reclaman, el Tribunal Ambiental deberá decidir si se ajustó o no a derecho.

Alejandra Donoso en la audiencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. Caso Dominga. 25 de enero 2018.

Para la abogada Alejandra Donoso, representante del Movimiento por la Defensa del Medioambiente (MODEMA), y de dos comunidades agrícolas, quien alegó este jueves en el Tribunal, la alegación que realiza Andes Iron “es falsa”, porque no existe discriminación en relación al proyecto Cruz Grande, sino que simplemente “es un proyecto que no cumple con el estándar legal y punto, no se adecua a los estándares jurídicos necesarios para ser aprobado y, por lo tanto, tiene que ser rechazado”.

La jurista explica a El Ciudadano que el rechazo es totalmente “conforme a derecho”, pues para eso existe un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que lo que busca es proteger el medioambiente “estableciendo ciertos estándares que tienen que cumplir los titulares de los proyectos y si se cumple ese estándar se aprueba, y si no, se rechaza, y en el caso de Dominga, no se cumple”.

Dentro de las principales deficiencias del proyecto, Donoso manifiesta que Dominga no presenta una Línea Base adecuada “lo que significa que no puede definir cuáles son los impactos, y como no puede definir los impactos, tampoco puede especificar medidas de mitigación, compensación o reparación”. Por esa razón –argumenta- “el rechazo es conforme a derecho”.

Que así no SEIA

La abogada ambientalista sostiene que el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) a veces se ve como un método administrativo de aprobación de proyectos, pero en realidad es de evaluación de impactos por lo tanto, “en la medida que esos impactos estén bien definidos y se establezcan medidas idóneas para hacerse cargo de ellos” las iniciativas se pueden aprobar, de lo contrario “se debe rechazar y eso es lo que sucedió en Dominga”.

También, Donoso considera “peligroso” que Andes Iron haya aparecido en los tribunales planteando su buen comportamiento de “buen ciudadano” por haber establecido diferentes acuerdos con distintos actores porque un proyecto privado no puede suplir el rol del Estado, y también porque “se genera una relación de dependencia muy peligrosa”, ya que si una comunidad depende de la aprobación de un proyecto “lo que tienes es una población poco empoderada que está dependiendo de la buena voluntad de un proyecto de una empresa”.

La jurista también argumentó en la audiencia que simplemente “Dominga no puede ir en este lugar porque las condiciones de biodiversidad son tan particulares que este proyecto podría acabar con todo esto y los Ministros están llamados a la protección del medioambiente”. En ese sentido insistió en que “no es cierto que el rechazo esté incorrecto, sino que el proyecto es malo”.

Tras las largas jornadas, Donoso manifiesta que los ministros del Tribunal Ambiental fueron llanos a escuchar a las partes, incluso fueron perceptivos con la solicitud de fijar una nueva audiencia donde se pueda escuchar a científicos y expertos, “porque la comunidad científica está de acuerdo en que no se puede poner un proyecto de esta envergadura en este lugar”. Además, el Tribunal Ambiental realizará una inspección personal o visita inspectiva a la zona del proyecto los días 7 y 8 de febrero como parte de las diligencias de resolución del caso. Según se indica pretendían resolver en 30 días, pero producto de las audiencias que se suman en este caso, se ve poco factible cumplir esos plazos sin embargo, tienen intensión de cerrar este caso antes del cambio de mando Presidencial.

El riesgo es demasiado alto

Marcela Rey, abogada de Geute Conservación Sur, explicó que decidieron sumarse como reclamantes en el Tribunal pues persisten las múltiples observaciones técnicas al proyecto, ya que «es inaceptable concebir que un proyecto tan mal evaluado y con una Línea de Base deficiente sea aprobado», y agrega que «el riesgo es demasiado alto, considerando que se emplaza en una zona de alta biodiversidad y que el titular omite que el puerto se pretende utilizar más y por mayor cantidad de años que lo señalado en su estudio».

La abogada de Oceana Chile, Javiera Calisto, manifestó que apoyaron los argumentos del Comité de Ministros pues «se llevó a cabo conforme a la ley, ya que el proyecto no contemplaba los requisitos básicos contemplados en la normativa y en definitiva, presentó una línea de base deficiente», y sostuvo que Dominga, que considera dos mins a rajo abierto además de un megapuerto, es «incompatible con el medioambiente de uno de los lugares con mayor biodiversidad de Chile».

Por Javier Karmy Bolton