Tras más de 11 horas de audiencia, la justicia de Guatemala dispuso enjuiciar por genocidio y crímenes contra la humanidad al exdictador Efraín Ríos Montt.
Hasta ahora ha logrado evitar la cárcel por ahora pese a que esos delitos son penalizados con hasta 30 años de prisión.
“El 25 de marzo de 1982 asesinaron a mis tres hermanas, a mi mamá y a cinco hermanos menores de edad. Primero (los militares) los interrogaron para saber quiénes eran los guerrilleros (que buscaban) y, como no dijeron nada, los fusilaron”, relató a IPS Elena Chávez, sobreviviente de un incursión del ejército en 1982 en el occidente de Guatemala.
Desde entonces esta indígena ixil no cejó en su afán de llevar ante los tribunales a los máximos responsables de esta masacre, perpetrada durante el conflicto armado interno (1960-1996).
Pero no fue sino hasta este jueves 26 [de enero] que escuchó por primera vez una señal favorable, cuando la jueza Patricia Flores dispuso abrir el proceso.
Sin embargo, la magistrada libró al general retirado de ir a prisión por el momento. “No existe obstaculización a la verdad ni peligro de fuga, razón por la cual considero pertinente exigir una fianza de 500.000 quetzales (unos 65.000 dólares) y disponer su arresto domiciliario y limitar su libertad de locomoción”, señaló en su dictamen.
Esta última decisión provocó desazón en los familiares de las víctimas, quienes piden la cárcel de inmediato para el militar retirado.
“Queremos que vaya a la cárcel, queremos justicia y que se cumpla la ley, porque violaron los derechos de mis familiares durante la masacre que cometieron en Nebaj, Quiché”, situado en el noroccidente del país, dijo Chávez.
En la audiencia, el fiscal Manuel Vásquez acusó a Ríos Montt de haber implementado los planes “Victoria 83″ y “Firmeza 82″ por medio de los cuales el ejército cometió genocidio y delitos contra la humanidad en poblaciones indígenas guatemaltecas durante su gestión.
La parte acusadora señaló que durante la dictadura de Ríos Montt, hoy con 85 años de edad, murieron al menos 1.771 personas, se cometieron 1.485 violaciones de mujeres menores de edad y 29.000 personas fueron desplazadas a la fuerza de sus hogares.
Por tales hechos, el Ministerio Público solicitó a la jueza abrirle un proceso judicial al militar retirado.
Llegado el turno del acusado, Ríos Montt respondió lacónico: “He entendido lo que ha querido decir la fiscalía, pero no responderé”.
A pesar de que en innumerables ocasiones ha dicho que es inocente de las acusaciones de genocidio, las víctimas guardan intactos sus recuerdos de la tragedia.
“Yo era un niño de 11 años, no podía ser un enemigo. No era necesario matar niños y mujeres para combatir al enemigo”, dijo el indígena Antonio Caba, otro sobreviviente de la masacre de Quiché, el departamento más azotado por el ejército durante la guerra que libró contra la guerrilla izquierdista.
Este miembro de la etnia ixil perdió a su abuela y a dos hermanos durante la embestida de las fuerzas de seguridad del Estado en 1982.
“Lo que estamos reclamando es justicia para que esta historia no se repita porque, si no se castigan estos hechos, podrían repetirse”, sostuvo Caba, quien espera que el destino próximo del militar sea la cárcel.
En los 36 años de conflicto armado en Guatemala fueron asesinadas o desaparecidas más de 200.000 personas, con el ejército como responsable de 93 por ciento de esos crímenes, según la independiente Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).
Esta comisión reportó, además, que durante la dictadura de Ríos Montt se llegó al punto máximo en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, teniendo como principales víctimas a los indígenas.
La CEH fue creada a partir de los Acuerdos de Paz firmados en 1996 entre el ejército y la entonces insurgente Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, para aclarar “con toda objetividad, equidad e imparcialidad” las violaciones a los derechos humanos cometidas en los más de 30 años de guerra.
El proceso que se le sigue a Ríos Montt ha generado expectación nacional e internacional sobre este país, donde ningún miembro de la cúpula militar había sido juzgado hasta ahora.
Zury Ríos, la hija del militar retirado que lo acompañó durante la cita en los tribunales:
“Confío en la justicia y las leyes de la república y vengo a acompañar al general Ríos Montt porque es mi padre y porque es mi amigo. El Ministerio Público tiene ahora que probar todas las acusaciones”, dijo a IPS.
La audiencia en la que compareció el militar retirado fue seguida con un gran interés en las afueras de la torre de tribunales, donde se observaron pancartas y fotografías de los desaparecidos.
Al finalizar la jornada, Ríos Montt terminó con una sonrisa y las víctimas con un sabor agridulce.
30.01.2012
Por Danilo Valladares · (Guatemala)
Fuente: Agencia IPS
Fotos: AP
Especial ‘Mujer, violencia y silencio’
Tomado de periodismohumano.com
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