En el informe “Los Riesgos de la Expansión Salmonera en la Patagonia Chilena. Estado de la Salmonicultura Intensiva en la Región de Magallanes”, se concluye que “las cargas ambientales en materia orgánica aprobadas son intolerables para un ecosistema como el de Magallanes, es decir, se van a generar zonas muertas debajo de las jaulas salmoneras”, explica Héctor Kol, el biólogo que elaboró el informe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en enero de 2018.
Este documento fue encargado por AIDA para saber la realidad de la situación salmonera en Magallanes y comprende una primera etapa que consiste en determinar el “estado del arte” de la salmonicultura en Magallanes. Tal como explica el informe en sus primeras páginas, buscó responder a las preguntas por cantidad, lugares y cuánto produce la industria en dicha región realizando un catastro de la fase final de la crianza de salmones en cautiverio que es donde se generan las mayores descargas de desechos y a su vez usan las mayores cantidades de productos químicos.
El informe incluye los proyectos que ya han obtenido sus concesiones acuícolas y también aquellos cuyas concesiones están en trámite, y que, de ser autorizadas, incrementarían los riesgos de colapso en sectores específicos de la Región de Magallanes.
Este estudio “confirma las advertencias que hemos hecho respecto de las graves consecuencias que la invasión salmonera está teniendo en las aguas más limpias del planeta”, señala Estefanía González coordinadora de Campañas y océanos de Greenpeace. El informe es “un duro golpe al gobierno que no ha hecho lo suficiente para contener la amenaza medioambienatal que hoy significan las salmoneras en la Patagonia”, sostiene la activista.
En el mismo sentido, Héctor Kol explica que si Aysén y Los Lagos no sirven para cultivar salmones, “en Magallanes con mucha mayor razón pues su ecosistema es mucho más frágil”, y sostiene que se les ha advertido repetidamente a las autoridades, pero “ellos no están para resguardar el medioambiente, están para cuidar a la industria salmonera, pues el Estado no tiene ningún interés en proteger el medioambiente, y las consecuencias se están viviendo ya”.
En ese sentido, el estudio “comprueba que, para un mismo sector geográfico, y sin una fundamentación que lo explique, existen grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores”, dice Estefanía González.
Al momento de explicar esta situación, Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, señaló que esto evidencia “la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados”.
Justamente, una de las conclusiones del informe sostiene en sus análisis finales que de los 261 proyectos analizados, 126 ya cuentan con concesión acuícola otorgada y 134 están tramitando su obtención y han sido considerados “viables” por SUBPESCA. Esto significa que casi la mitad ya están autorizados y que el resto podría estarlo y comenzar a operar en el corto y mediano plazo. En el informe se cuestiona la aplicación del “principio precautorio”, contemplado en la Ley General de Pesca y Acuicultura, que obliga a ser cauteloso con los recursos naturales cuando falte información científica, ya que al analizar la producción aprobada por sector y la generación de desechos orgánicos resultantes, se vislumbran grandes diferencias entre las cargas orgánicas (DBO7) autorizadas por hectárea de concesión acuícola dentro de un mismo sector analizado, sin estudios de capacidad de carga que demuestren la falta de riesgo ambiental.
La industria está batiendo su propio récord
El informe señala que de las 35 concesiones, 23 han reportado “condiciones anaeróbicas”, es decir, más de la mitad han generado condiciones ambientales donde la vida acuática no es posible, y agrega que de esos 35, 30 tienen enfermedades, es decir, la industria salmonera “está batiendo su propio récord”. Para Héctor Kol, según los datos obtenidos en el catastro, “afortunadamente”, de los 124 proyectos que están aprobados solo están funcionando 35, pero “el día que funcionen todos la situación va a ser similar a lo que hoy existe en Aysén o Los Lagos”, sostiene el especialista.
Para Kol esta situación es “desastrosa, pero esperable”, por eso sostiene que la industria salmonera es “tóxica”, además que “es una industria sin Dios ni ley y no debe ser admitida, y si ya está, debe ser erradicada porque no respetan ni el medioambiente, ni mucho menos la cultura, o las costumbres, así es que debe ser erradicada”.
Tras este estudio, la fundación AIDA proyecta realizar un segundo análisis de la industria salmonera en Magallanes que dé cuenta del estado sanitario.
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Por Javier Karmy Bolton