El acuerdo firmado entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y Soquimich por la explotación del litio, ha generado reacciones negativas en distintas organizaciones del mundo sindical, social y político, las que critican que el Estado negocie con una empresa con la que estuvo en litigio, precisamente, por graves incumplimientos al contrato suscrito a principios de los 90’.
Una de las propuestas al respecto proviene del Movimiento Litio Para Chile, y consiste en la creación de una empresa estatal encargada de la explotación del mineral. Horacio Fuentes, presidente de la Constramet, señaló en ese sentido que “nosotros entendemos y defendemos que las riquezas naturales son del Estado y deben ser administradas por el Estado”.
Similar opinión tiene Miguel Soto, coordinador del Movimiento Litio para Chile, quien indicó que “el litio es totalmente del país y esta es una acción encubierta para privatizarlo, por eso nosotros no vamos a descansar hasta que el estado sea quien explote el litio y SQM sea una empresa de interés nacional”.
Los cuestionamientos hacia la minera no metálica también apuntan a los hechos de corrupción que la involucran con pagos y financiamiento irregular de políticos. Para los detractores del acuerdo, esta es una señal de impunidad para los empresarios debido, también, a la salida alternativa que le otorgó el ministerio público.
Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, dijo en este punto que “este debate no tiene que ver sólo con la arista ética, con el debate del rol de la empresa Soquimich, sino que tiene que ver, también, con la recuperación de un recurso natural para todos los chilenos, y ante eso, es el Estado el que tiene que hacerse cargo”.
Ante la eventualidad de que el acuerdo siga a pesar del reclamo, el presidente de la Constramet dijo que “yo creo que, si esto continúa así, vamos a tener que estar con un pie en la calle y otro en tribunales. Vamos a tener que dar la pelea en los dos frentes, no nos queda otra”.
Por otro lado, las exigencias en el contrato firmado entre CORFO y SQM contemplan la salida de Julio Ponce Lerou del control de la empresa, así como un cambio estructural en el gobierno corporativo para que, por ejemplo, el presidente no pueda ejercer su voto dirimitorio. Además, la firma tendrá que aumentar el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato de Albemarle (la otra empresa que explota el salar).
Recordemos que la marcha convocada para el lunes 29 de enero por el Movimiento Litio para Chile, junto a la CUT, Confusam, y la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), entre otras organizaciones de trabajadores, sociales y políticas, fue rápidamente reprimida por efectivos de fuerzas especiales con el apoyo de carros lanza aguas y lanza gases.
Fuente: Sindical.cl