La oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció que 206 compañías privadas, en su mayoría israelíes y estadounidenses, trabajan en los territorios ocupados de Cisjordania para permitir la colonización israelí, considerada ilegal por el derecho internacional.
La Oficina publicó un informe en el que detalla el proceso de identificación de las firmas, cuyos nombres no cita públicamente hasta que «no se ponga en contacto» con todas ellas.
La ONU informó al presentar su trabajo que una vez que haya consultado con todas las empresas, publicará sus nombres con la posibilidad de que se genere sobre ellas un boicot por tratarse se una actividad ilegal en los asentamientos ocupados por Israel.
Esta agencia revisó en total 321 compañías y, tras rechazar a muchas por no tener vínculos directos, la lista incluye finalmente a 206: 143 domiciliadas en Israel o los territorios ocupados, 22 en Estados Unidos, y el resto en otros diecinueve países.
Un comunicado de la ONU explica que además definió diez actividades que “están directamente ligadas a los asentamientos ocupados o forman parte del proceso de permitir y apoyar el establecimiento, expansión o mantenimiento de comunidades residenciales israelíes”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidió en su momento un informe tras comprobar a primera vista que “varias empresas directa o indirectamente permiten, facilitan o se aprovechan de la construcción y el crecimiento de los asentamientos”.
“Las violaciones de los derechos humanos asociados con los asentamientos son perversas y devastadoras y alcanzan todas las facetas de la vida de los palestinos”, explicita el informe.
El mismo trabajo recuerda que a causa del desarrollo de los asentamientos con los cuales Israel ocupa progresivamente y sin pausa los territorios de Cisjordania “los palestinos sufren restricciones a su libertad de religión, movimiento y educación; sus derechos a la tierra y al agua y muchos otros derechos fundamentales”.
Esto hace -señala- que las empresas privadas tengan un rol esencial en que se incremente el establecimiento, mantenimiento y expansión de los asentamientos de colonización.
“La presencia de los asentamientos lo que hace es debilitar la economía palestina”, afirma el documento y recuerda que los asentamientos son ilegales y por lo tanto las compañías violan la normativa internacional.
El reporte concluye en que las empresas que incumplan con la ley internacional deben estar preparadas para “aceptar cualquier consecuencia, sea esta de reputación, financiera o legal”.
Agencias
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