General (r) del Ejército es procesado por fraude al fisco de más de $1.700 millones

El general en retiro del Ejercito, Héctor Ureta, fue procesado por fraude al fisco en la investigación por el desvió de fondos de la “Ley Reservada del Cobre”. El monto supera los 1.700 millones de pesos. La ministra de la Corte Suprema, Romy Rutherford, tomó la decisión durante el pasado sábado y, además, dictó una orden de aprehensión en contra de Ureta.

De acuerdo a lo establecido en el fallo, «en el caso aparecen indicios suficientes para estimar, en el presente estado procesal, que el inculpado Héctor Ureta a lo menos consintió, toleró o permitió que otros oficiales del Ejército, que se encontraban bajo su mando, defraudaran al fisco».

Mientras Ureta era coronel y ejercía como jefe del Estado Mayor de la División de Mantenimiento del Ejército (DIVMAN), entre el 2 de enero y 30 de octubre de 2012 y durante su periodo como comandante de la DIVMAN -entre el 1 de noviembre de 2012 y 31 de diciembre de 2015-, «se tramitaron y pagaron gran parte de las facturas falsas investigadas en relación con los proveedores Fuentes Quintanilla y sus empresas Inversiones y Comercio Capellán y Repuestos Automotrices Ltda. y Waldo Pinto Gaete«, consigna el documento.

De acuerdo a las palabras de Ureta, durante su declaración aseguró que la responsabilidad recae en gente desconocida y la incapacidad controladora de algunos generales.

“Como general dio cuenta de la situación del fraude al fisco y que quienes robaron la plata son personas que actualmente se encuentran en la calle, que no sabe quiénes son; personas que estaban encargadas de llevar cuadratura del dinero correspondiente de la Ley del Cobre en el Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) y no lo hicieron; y a su vez generales que debieron controlar, y que no lo hicieron”, se consigna en el fallo como parte de su defensa.

De acuerdo a la información publicada por El Mercurio, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió su encausamiento por fraude al fisco, mientras la ministra Rutherford ordenó el embargo de bienes por 1.783 millones de pesos.