Piñera destapa debate sobre salario mínimo tras ser denunciado por pagar sueldos miserables

La declaraciones de las trabajadoras del Complejo Turístico Bahía Coique -propiedad de Sebastián Piñera-, abren el debate sobre el sueldo mínimo en Chile. Las mujeres denunciaron que tras trabajar 3 años en el lugar, aún reciben menos de 155 mil pesos, pese a los reclamos previos. Mientras sube el precio de los alimentos y el transporte -que nuevamente experimentó un alza-, familias enteras deben subsistir con menos de lo establecido por ley.

Luz Herrera, una de las trabajadores que se desempeña en la lavandería del recinto, aseguró que su sueldo -que se arrastra desde hace más de 9 años- no le alcanza para mantener a su familia. Además, dice sentirse discriminada al saber que el Presidente vacaciona mientras ella y sus compañeras tienen que soportar una jornada extenuante de trabajo, de domingo a domingo, con un solo día libre a la semana y un pago de 145 mil pesos.

“Felicito a mis compañeras que tuvieron las agallas de denunciar esto”, dijo Emilia Solís, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras de la Casa Particular, Sindutcap. La dirigenta aseguró que al gobierno “le interesa su propio bienestar y no el del trabajador: mientras nosotros pagamos el pato, ellos se llenan los bolsillos”.

De acuerdo a las cifras del Servicio de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Chile, la Canasta Básica para sobrevivir una semana es de $45.000 para una familia de 2 adultos y 2 niños. Es decir, 180 mil al mes, sin considerar transporte -cuya alza en los pasajes parece no tener freno- ni ropa ni servicios básicos ni cultura, solo alimentación.

Considerando las cuatro personas (4,2) que componen, en promedio, una familia pobre en Chile, el sueldo mínimo debiera equivaler a 4,2 canastas básicas. Es decir, 260 mil pesos, lo que evidencia que el ingreso mínimo no es un valor que permita al trabajador cubrir sus necesidades básicas.

Solís, de Sindutcap, agregó que a pesar de que el Gobierno ratificó el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la 100ª reunión de la Organización Internacional del Trabajo -en Ginebra, Suiza, el 16 de junio de 2011- no se han regulado ni mejorado las condiciones laborales de las trabajadas domésticas como proponía dicho acuerdo internacional, pues las empresas siguen incurriendo en la ilegalidad al pagar sueldos bajo lo fijado por ley, es decir, 182 mil pesos.

Roberto Morales, secretario técnico de la Fundación Instituto de Estudios Laborales (Fiel, ligada a la Central Unitaria de Trabajadores, CUT), señaló que “lo más probable es que este año habrá un acuerdo entre la Condeferación de la Producción y del Comercio (CPC) y la CUT, en que ambas instituciones, junto con la Confederación Nacional de la micro, pequeña y mediana empresa de Chile (Conapyme), plantearán una propuesta sobre el salario mínimo que el gobierno estudie y pueda implementar”.

Mientras tanto -de acuerdo a la encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) de 2009- 719 mil 513 trabajadores en Chile (11% de la fuerza laboral total) deben percibir como máximo un salario mínimo mensual. Si se proyecta esto en un grupo familiar de solo tres personas, el número de quienes subsisten con él aumenta exponencialmente.

Según el economista de Fiel, la clave para iniciar una nueva reforma salarial este año consiste en dos factores: recuperar el poder adquisitivo, considerando variables como el Índice al Precio del Consumidor (IPC) que ha bajado durante el año, y aumentar la productividad, medida a través del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para traspasar una mayor cantidad de ingresos de la industria al salario de los trabajadores.

Por su parte, las empleadas de casa particular, agrupadas en el Sindutcap -que reúne a cerca de 80 trabajadoras-, realizarán una manifestación este domingo 12 de febrero, a las 11 de la mañana, frente al Alto las Condes junto a abogados de la CUT, con el objetivo de que el gobierno se haga cargo del problema de los trabajadores.

“En la marcha de noviembre salimos 120 trabajadoras, así que esperamos que aunque la mayoría esté de vacaciones, se reúnan esta y también otras organizaciones”, aseguró Solís.

LA MENTIRA Y LA CENSURA

Cuando los medios de comunicación afirmaban que el fundo era de propiedad del Presidente Sebastián Piñera, el ministro subrogante del Trabajo, Bruno Baranda, descartó que existiera un vínculo entre el mandatario y el complejo turístico.

“Quisiera corregir que el Presidente no es el dueño del centro recreacional”, aseguró, y además señaló que desconocía quiénes eran los propietarios. En cambio, se excusó diciendo que la Inspección del Trabajo iniciaría una fiscalización para determinar si se están vulnerando derechos laborales en Bahía Coique, y que se tratará de “un reclamo como muchos otros que se reciben”.

Sin embargo, más tarde, el Gobierno, mediante su vocero Andrés Chadwick, debió reconocer que “el Presidente tiene propiedad en Bahía Coique. Eso es administrado por una sociedad hotelera que es de tiempo compartido, por lo tanto el Presidente tiene propiedad en conjunto con otras personas que son parte de ese condominio». Minutos después, el titular subrogante de trabajo mintió: “Yo dije claramente que no sabía yo si era o no proipetario -el Presidente-”, se excusó.

“La empresa hotelera Bahía Coique tiene su propio directorio, donde el Presidente de la República no es parte, y tiene su propia administración. Así que cualquier situación que se haya referido a contratos o planteamientos en temas laborales, quien es el empleador es la sociedad hotelera, y tiene que responder por cualquier tipo de situación ante la Inspección del Trabajo», añadió Chadwick.

Finalmente, El Ciudadano tuvo acceso a informaciones relativas a que el día en que radio Bío-Bío destapó este hecho, ocurrió un llamado dese La Moneda a periodistas de Televisión Nacional de Chile (TVN) que se encuentran en el Complejo Turístico Bahía Coique, lugar en que el Presidente pasa sus vacaciones, para que no cubran esta realidad tapada por el poder del dinero, que hoy sale a la luz pública.

Esteban Acuña Venegas

El Ciudadano