La definición -entre gallos y medianoche- del Panel de Expertos del Transantiago del alza en 20 pesos de la tarifa tanto del sistema de buses urbanos como del tren subterráneo, pilló por sorpresa a los usuarios del transporte público de la capital, sacando a la luz -nuevamente- las críticas a la calidad del servicio.
Para argumentar el alza, los responsables de la decisión se escudaron en los costos generados por la inversión del Estado para la construcción de las líneas 6 y 3 del Metro, lo que habría dejado al sistema sin financiamiento.
En conversación con El Ciudadano, el académico de la Escuela de Transporte de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), Álvaro Miranda, se muestra crítico con la medida y asegura que no existe una política pública en esta materia. En ese sentido, advierte que «el transporte es un servicio público y el Estado debe estar presente, porque cuando está ausente y espera que el mercado lo regule, esto termina yendo en contra de aquellos que más lo necesitan».
«Todas las inversiones deben ser a favor del transporte público y esto significa que debe ser muy difícil asumir proyectos que le quiten demanda al transporte público. Cuando construyes una autopista haces que la gente se suba a un auto y se baje del bus», recalca el experto.
Álvaro Miranda, académico escuela de Transporte UTEM / Foto: UTEM
¿Existe justificación para el alza en las tarifas del Transantiago y de Metro?
No creo que estas alzas tengan justificación. No porque no existan los costos, sino que por los argumentos que entrega el Panel de Expertos y el propio Gobierno al señalar que las inversiones de las líneas 3 y 6 de Metro generan nuevos costos que deben ser solventados por los usuarios a través de la tarifa, ya que, al parecer, el Estado no cuenta con los recursos. Si no existiera dinero podría justificarse, pero sí existe y uno empieza a dudar de que sea una decisión correcta.
¿Hay dinero para sostener el sistema a pesar de lo que señalan las autoridades?
Sí hay dinero. Estamos adportas de adjudicar la licitación de la conectividad de Vespucio Norte, en el sector de La Pirámide y el túnel San Cristóbal, donde el Estado pone el subsidio directo de la construcción del primer tramo de esta obra por US$461 millones. Entonces el Estado si tiene este monto, que saca de los impuestos de los chilenos de Arica a Punta Arenas para construirle un túnel a la gente que tiene auto en Las Condes y La Reina, comprobamos que tiene la plata para los que tienen automóvil y no para mejorar el transporte público para personas de menos recursos, y uno dice que no se justifica y que es una política pública equivocada.
¿Esa discriminación responde a que no se ha elaborado realmente un proyecto de transporte público?
Aquí no hay un modelo de transporte, hay un modelo de negocio. Aquí se ha tomado el transporte como un negocio más desde los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha. Ellos ven esto como una forma de que unos pocos tengan ganancias y olvidan que el transporte es un servicio público; y la pregunta no es cómo se mejora la calidad de vida de los habitantes de Santiago a través del transporte, sino cómo podemos hacer plata a través del transporte. Por eso vemos cosas tan estúpidas como preferir invertir el dinero en una autopista que no invertirlo en la red de Metro y traspasar esos costos a la gente que menos tiene. Porque la gente que menos tiene es la que anda en micro y en Metro porque no tiene para comprarse un auto. Eso es un despropósito basado en una política absolutamente mercantilista del transporte. La mirada pública del transporte no existe. Lo que hay es un mero negocio como cualquier otro.
¿Tiene que ver que el Estado dejó de hacerse cargo hace mucho tiempo ya del transporte, por ejemplo, con las micros amarillas?
Lo que pasa es que aquí hay ausencia del Estado. En cualquier parte del mundo civilizado estaría súper presente tanto en la infraestructura, el capital, el financiamiento, a través de subsidios e, inclusive, en la operación del sistema de transporte público, y eso es justamente lo que no tenemos. Llevamos 11 años de Transantiago y el Estado no es dueño de nada del sistema del transporte público. Esto es tan demencial, que si tenemos una empresa que se adjudica un contrato de licitación y lo hace mal o es mal evaluado, no hay forma de que el Estado se haga cargo porque no tiene las herramientas para ello y debe bancarse a los malos operadores. Esto habla de la falta de planificación del transporte público y de no seguir las experiencias de ciudades que tienen un sistema que funciona y donde el Estado está presente. El transporte es un servicio público y el Estado debe estar presente, porque cuando está ausente y espera que el mercado lo regule, esto termina yendo en contra de aquellos que más lo necesitan.
«Las inversiones deben ser a favor del transporte público»
Otro de los argumentos habituales son los altos índices de evasión. ¿Cómo se explica cuando las cifras del Ministerio de Transporte dicen que estos van a la baja?
Hoy, por primera vez, se está llamando a evadir. No por sinvergüenzura, no porque no alcanza, sino que por una forma de protesta contra el sistema, que funciona mal, es de mala calidad y más encima es caro y sube la tarifa. Hoy vemos una evasión de protesta y quizás sea la nueva marcha de los usuarios del Transantiago porque la gente se siente estafada. Esto está entrando en una espiral muy peligrosa, porque si los llamados comienzan a tener eco y se hace masivo, vamos a tener un sistema que se va a desfinanciar y desangrar por todos lados, convirtiéndose en un diálogo de sordos. Los gobiernos de turno deben asumir las responsabilidades con metas de largo plazo, cosa que ningún gobierno ha hecho.
Eso significa crear una política pública en esta materia y que no eche la plata a un saco roto
Exacto. Y lo primero que se debe definir en materia de transporte es cuál es la prioridad, la que debe ser tener un transporte público de alta calidad. Por lo tanto, todas las inversiones deben ser a favor del transporte público y esto significa que debe ser muy difícil asumir proyectos que le quiten demanda al transporte público. Cuando construyes una autopista haces que la gente se suba a un auto y se baje del bus.
¿Y por qué cree que no se ha hecho?
Esa definición nunca se ha tomado porque no ha habido un gobierno que sea capaz de decirle a las concesionarias o empresas multinacionales que invierten en las autopistas, que no se les va a entregar plata para construir autopistas interurbanas en Santiago. Eso no lo ha hecho nadie porque los funcionarios que han trabajado en el Ministerio de Transportes o de Obras Públicas, terminan en los directorios de las autopistas o en los organismos que las rodean. Estas empresas, mediante regalías o trabajos, han comprado a los políticos como lo ha hecho SQM o las grandes empresas.
¿Estamos muy lejos de desarrollar una política pública en esta materia?
Lejísimo, puesto que tenemos un gobierno que en materia de transporte ha sido muy malo, tanto que no fueron capaces de redactar una licitación del Transantiago; ni siquiera fueron capaces de cumplir con la legalidad vigente. ¿Y quién asume?… El gobierno de Sebastián Piñera, quien ya fue gobierno, y preguntémonos qué hizo su ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz: un escaso y nulo avance. Lo único que sé que hizo fue una empresa donde sus socios son los dueños de la empresa Alsacia, que es operador del Transantiago. El que regula pasa a ser un regulado del sistema. No tengo ninguna expectativa con el gobierno de Piñera, que privilegia al capital sobre las personas.
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