Las deudas chilenas en Derechos Humanos según el informe de Amnistía Internacional

Mientras Chile expuso esta semana en Ginebra, Suiza, ante la ONU sobre avances en la agenda de género y derechos LGBTI, la organización que hace seguimiento a la situación de los Derechos Humanos en el mundo, Amnistía Internacional, hizo público un crítico balance de la situación en Chile.

Si bien Amnistía Internacional reconoce como positiva la entrada en vigor de la ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias específicas; recuerda que «en el resto de los casos, el aborto sigue siendo penalizado». En otras materias, el contraste entre el optimismo del mensaje entregado por las ministras de Mujer, Trabajo y Vocera; Claudia Pascal, Alejandra Krauss y Paula Narváez, respectivamente, quedó en evidencia.

AI muestra su preocupación sobre la persistencia en Chile de la «impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y en el presente». Por otro lado, subrayan que en el presente hay un «uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra comuneros mapuche». En especial, hay herramientas jurídicas que abren la puerta a estos abusos: «La Ley Antiterrorista se ha empleado contra mapuche, pese a que hacerlo supone una violación de las normas internacionales sobre garantías procesales».

Violencia policial contra el pueblo mapuche

El informe del organismo internacional ennumera casos de violencia policial contra el pueblo mapuche para fundamentar su preocupación. Por ejemplo, «en junio, las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno muy cerca de un colegio de la comunidad mapuche de Temucuicui, mientras los niños y niñas estaban en clases», y agrega una crítica a la Justicia: «la Corte Suprema consideró ‘proporcional’ esa acción».

Otro caso es el de Brandon Hernández, joven de 17 años que en 2016 recibió por la espalda más de cien perdigones disparados por un arma de Carabineros.  En noviembre del presente año, dice Amnistía Internacional, un juez de Collipulli, en la provincia de Malleco, abrió una investigación contra el agente de policía acusado como responsable. Sin embargo, «la audiencia se reprogramó tres veces porque el policía acusado no comparecía ante el tribunal».

El informe, por otro lado, destaca que fue reabierto el caso de Álex Lemún, muerto por disparo policial el año 2002 en Ercilla. La Corte Suprema fue la responsable de reabrirlo este año, luego de que la justicia militar archivara el caso en 2004 sin determinar responsabilidades.

Ley Antiterrorista

El informe de AI critica duramente a la institucionalidad chilena por el uso que han dado a la Ley Antiterrorista. En particular, acusan al Gobierno y al Ministerio Público de abusar de dicha ley para «procesar a mapuche sin cumplir las debidas garantías procesales».

Por ejemplo, señalan que en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró (en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile) que «aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuche violaban la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Otro caso es la absolución, en octubre de 2017, de 11 personas mapuche sido acusadas formalmente de “terrorismo” por un incendio que produjo la muerte de los terratenientes Werner Luchsinger y Vivian Mackay en enero de 2013. «Las 11 personas acusadas (incluida la Machi Francisca Linconao) habían estado detenidas en espera de juicio o bajo arresto domiciliario durante 18 meses». Luego, el Ministerio Público apeló en diciembre y dicha absolución se declaró nula y se repetirá el juicio este año.

El informe destaca otro caso donde la Fiscalía acusó de «terrorismo» a cuatro hombres por un incendio que destruyó una iglesia en la ciudad de Padre las Casas, en junio de 2016. Sin embargo, «nadie resultó herido en ese incendio. Los mapuches fueron arrestados, detenidos y acusados el mismo día del incidente, y seguían detenidos en espera de juicio a finales de 2017», sostiene el documento, el que agrega: «después de que los cuatro hicieran una larga huelga de hambre, el gobierno presentó una solicitud de modificación del delito del cual se los acusaba». La Fiscalía mantuvo su posición.

Se alcanza a consignar, también, la Operación Huracán, implementada en septiembre y que implicó la detención de ocho personas. «Se los acusó formalmente de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas en conexión con los incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios». Agregan que «nadie resultó herido en esos incidentes».

El caso sigue abierto y la propia Fiscalía cuestionó a Carabineros, acusando la falsificación de pruebas. Sin embargo, el informe consigna que «los ocho acusados estuvieron detenidos en espera de juicio hasta octubre cuando la Corte Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, dado que la jueza no había justificado adecuadamente la necesidad de la prisión preventiva», señalan.

Amedrentamiento a luchadores sociales

El informe consigna que también distintos luchadores sociales han sufrido represión estatal, amenazas e intimidación:

«En abril, Rodrigo Mundaca y otros líderes del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la
Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) en la provincia de Petorca recibieron amenazas de muerte por su labor en defensa del agua. Existe una investigación en curso sobre el acoso y la
intimidación a los que se había sometido durante varios años a los líderes de esta organización», rescata la organización.

«En mayo, la Fiscalía de Temuco anunció el cierre de la investigación por el secuestro y la tortura —cometidos en junio de 2016— contra Víctor Queipul Hueiquil, lonko mapuche de la Comunidad Autónoma de Temucuicui. A Víctor Queipul lo habían amenazado con matarlo si persistía en su labor como líder y defensor del pueblo mapuche», destaca el informe, el que prosigue señalando que  «el fiscal señaló que la investigación no podía proseguir porque Víctor Queipul no colaboraba. En mayo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una nueva demanda relativa a las torturas infligidas al lonko Queipul»; la investigación de este segundo caso está en curso.

Derechos sexuales, reproductivos y diversidad sexual

El informe destaca que en septiembre entró en vigor la ley de despenalización del aborto en tres causales, contemplando la objeción de conciencia.

Por otro lado, en agosto se cerró un caso penal, retirándose los cargos contra un juez por permitir el cambio de nombre y de indicadores de género para una niña transgénero.

En junio, el Senado aprobó la Ley de Identidad de Género que establece el derecho de las personas mayores de 18 años al reconocimiento legal de su identidad de género modificando su nombre y sus indicadores de género en documentos oficiales mediante un proceso administrativo. Sin embargo el trámite aún no concluye en el Congreso.

Impunidad

La organización internacional tiene un lamentable subtítulo sobre impunidad respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidos. Señala que si bien «los tribunales han conocido cientos de casos», «la mayoría de los condenados no cumplen penas de prisión, y muchas víctimas carecen aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir reparación».

Por otra parte, destaca como positivo que en esta materia el Congreso haya debatido respecto de dejar sin efecto la disposición incorporada arbitrariamente por Ricardo Lagos de mantener en secreto los testimonios del informe Valech: «El Congreso debatió un proyecto de ley para poner a disposición de los fiscales y de las partes en los procedimientos judiciales pertinentes, la información recabada por antiguas comisiones de verdad».