Solicitar al Fiscal Nacional del Ministerio Público la creación de una unidad especializada para la investigación y persecución de los delitos cometidos contra personas en situación de discapacidad es el objetivo de una resolución aprobada por la Sala de la Cámara de Diputados.
El texto plantea que es el Estado el que debe asegurar a todas las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos y, sobre todo, el acceso a la justicia, lo que, sostienen, debe generarse a través de todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para alcanzar estos objetivos.
Sobre las medidas adoptadas por la Fiscalía, los legisladores señalan que aún no se cuenta con una unidad especializada de tal órgano que tenga por especial objeto la protección de los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo respecto de los delitos de los cuales son víctimas.
Por ello, los parlamentarios pidieron impulsar todas aquellas medidas que impidan a las personas en situación de discapacidad desarrollarse en plenitud en Chile.
“Esas medidas deben estar dirigidas a eliminar las barreras que amenazan, perturban o privan el ejercicio legítimo de sus derechos, cuestión que no es solo un imperativo ético, sino que para nuestro país son obligaciones de carácter internacional y principios que inspiran las propias leyes que se han promulgado y publicado”, recalcaron.
El documento fue presentado a la Cámara por los diputados Alejandra Sepúlveda (IND), Miguel Ángel Alvarado (PPD), Vlado Mirosevic (PL), Marcela Hernando (PRSD) y Claudio Arriagada (DC).