Califican como “triquiñuela para ganar tiempo» proceso de conciliación en proyecto Dominga

Fue la ceremonia de inauguración de la biblioteca Gabriela Mistral en la región de Coquimbo el lugar escogido por Michelle Bachelet para anunciar la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos del Archipiélago de Humboldt, en la comuna de La Higuera. Según expresó la mandataria, lo hacían “para resguardar la actividad pesquera y el ecosistema único en nuestro mar”.

Ya se rumoreaba por la mañana del pasado lunes. Había reunión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y se mantuvo en absoluto hermetismo la decisión, para que fuera anunciado de boca de la misma Jefa de Estado. La decisión fue aprobada por unanimidad. Sin embargo, aún falta definir los detalles de esta zona protegida, ya que se desconoce la extensión, los límites y las características que tendrá. Según se ha podido indagar por diversos medios, hay una fuerte negociación entre los ministerios de Medio Ambiente y el de Economía, los que deberán sostener reuniones para delimitar los alcances de esta medida.

Ante esta incertidumbre, diversas organizaciones han lanzado una campaña con el objetivo de presionar para que sea todo el archipiélago de Humboldt, tal como se ha establecido en las propuestas que se han trabajado.

En ese sentido, Nancy Duman -de la ONG Spheniscos- sostiene en conversación con El Ciudadano que están esperando «mayor información acerca de los alcances que tendrá”. Esto porque -dice- “queremos ser cautos y esperar mayor información para decir algo más”.

Duman destaca que esta decisión la consideran como positiva, pero que va a depender «de cómo venga el proyecto”, pues lo que plantean desde las organizaciones es que el área a proteger abarque “todo el ecosistema pues, si no, no tiene mayor sentido esa protección, ya que sería dañado irreversiblemente por cualquier impacto que se tenga sobre el área marina”.

En la zona llevan pidiendo a los diferentes gobiernos que se proteja este territorio, y han trabajado, por lo menos, durante 14 años. Tanto así que diversos científicos a nivel mundial hicieron llegar cartas de apoyo a esta iniciativa, y el año pasado terminó un proceso participativo con las diversas organizaciones y comunidades de la zona, quienes entregaron su opinión y esperan expectantes el resultado de las negociaciones entre los ministerios de Medio Ambiente y Economía.

Nancy Duman hace notar que fueron los propios pescadores que administran las áreas de manejo quienes participaron en todo el proceso, y que además enviaron cartas solicitando esta medida de protección. Así fue como lo hizo la Federación de Pescadores de La Higuera, que agrupa a la mayoría de los sindicatos y asociaciones gremiales de las cinco caletas de la comuna, y la Asociación Gremial de Pescadores y Cooperativa de Pescadores de Punta de Choros. “Es decir, la gran mayoría de los pescadores hicieron llegar por escrito a Subpesca, además de haber participado en el proceso mismo, su interés de que toda esta zona sea protegida”, releva Duman.

La «triquiñuela»

En medio del proceso de cambio de mando que está viviendo el país, Duman plantea una tesis respecto del proceso de conciliación en que está el proyecto minero portuario Dominga en el Primer Tribunal Ambiental. A su juicio, ha sido una “triquiñuela para ganar tiempo, para que asuma el próximo gobierno que es proempresa y que -a como dé lugar- quiere instalar el proyecto”. Lo que aquí han hecho es “ganar tiempo” para que “hayan mejores condiciones para revertir lo que hasta ahora se ha logrado, que es pararlo porque no está cumpliendo con la ley”, sostiene.

“Somos de la opinión que la conciliación en este tema no da lugar, porque no es que aquí hayan partes en disputa, sino que hay un incumplimiento de la legislación ambiental por parte de la empresa que se viene constatando e informando a todas las autoridades desde que el proyecto tuvo su primera evaluación por parte de los organismos técnicos”, profundiza la especialista.

El martes 6 de marzo, El Mercurio emitió las opiniones de los ministros del Tribunal Ambiental. “Nos vamos a disponer como Tribunal, como equipo (…) para colaborar en que la conciliación, en lo posible, llegue a buen término. Creemos que es la mejor manera”, dijo el ministro titular en Ciencias del tribunal, Marcelo Hernández. Por su parte, el ministro y presidente de dicha instancia, Daniel Guevara, sostuvo que aplicarán «un principio de celeridad suficiente que permita construir una sentencia con el debido razonamiento jurídico y de los hechos”.

En este contexto, Duman espeta que el incumplimiento de la legislación ambiental por parte de la empresa se ha venido denunciando y constatando a todas las autoridades desde que el proyecto tuvo su primera evaluación. En ese momento quedó establecido que el área de influencia no era la adecuada y, por lo tanto, ellos no habían entregado una Línea de Base que permitiera una evaluación de la iniciativa de Andes Iron en su conjunto y que pueda prever los impactos al medio ambiente. Por eso, la especialista sostiene que esta situación no da lugar a una conciliación, porque eso -dice- “es desconocer que se está incumpliendo la ley”.

En ese sentido, Nancy Duman explica que una conciliación se puede dar cuando la ley se cumple, aunque haya opiniones distintas. Sin embargo, añade que «aquí no hay un problema de intereses distintos, sino que es un incumplimiento de la ley”. Además, argumenta que en este caso el sentido de la Ley Ambiental -que es preventivo, para anticiparse al daño ambiental- no se está garantizando. Para eso es necesario -explica- “evaluar todos los antecedentes, y Andes Iron nunca fue capaz de entregarlos, ni en la primera etapa ni en la segunda ni en la tercera ni en la cuarta… Ese es el problema y, por eso, vemos con preocupación la conciliación”.