El Movimiento Social en Defensa de Río Ñuble -“Ñuble Libre”- y diversas organizaciones medioambientales, sociales y personeros políticos, se pronunciaron ante la querella interpuesta por la Gobernación del Ñuble en contra de defensores medioambientales y vecinos de San Fabián de Alico, en el marco de irregulares faenas vinculadas a hidroeléctricas.
En un comunicado público, el movimiento respalda las acciones en las que miembros de la comunidad ingresaron a las faenas del proyecto HidroÑuble, y cuestiona la querella ingresada por el gobernador de Ñuble, Álvaro Miguieles, por “desórdenes públicos”.
El 22 de enero un grupo de vecinos ingresaron a las faenas en sector Bocatoma, con el objeto de hacer público que el proyecto HidroÑuble realiza trabajos fuera de los plazos establecidos en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). “Irregularidad denunciada hace nueve meses en la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y sin que ésta haya tomado medida alguna, mientras las obras y los impactos persisten”, señalan desde la organización. La acción simbólica contempló el ingreso de cartas a la Superintendencia de Medio Ambiente regional y nacional “describiendo la situación irregular en la que se desarrolla el proyecto”, explican.
En el comunicado, los activistas aseguran que “el ingreso a las faenas, al contrario de lo que se expresa en la querella, no obstruyó la vía pública, fue pacífica, sin mediar violencia alguna ni ‘amedrentamiento’, contó con la presencia y supervisión de Carabineros. La forma tendenciosa de presentar los hechos busca desvirtuar los acontecimientos y criminalizar una acción simbólica y pacífica».
En ese sentido, añaden que «nos entristece enormemente el actuar de la Gobernación, puesto que justificándose en que los vecinos ‘están lesionando el Estado de Derecho’, parece olvidar que estos mismos vecinos llevan años solicitando que la Gobernación esté de su parte ante el sin fin de ‘lesiones del Estado de Derecho’ que la comunidad ha sufrido por parte de los proyectos HidroÑuble y Punilla”.
“El proyecto Punilla está entrando en una fase crítica, donde cada día se amenaza a los arrieros de la cordillera con su expulsión inminente, siendo que aún no se han cumplido las condiciones mínimas de garantía para los expropiados. En este contexto, es claro que la acción de la Gobernación se trata de una genuina medida para amedrentar a los sanfabianinos”, agregan.
Firman el comunicado, entre otros, las Juntas de Vecinos de Las Veguillas, Las Guardias y Los Sauces, Chile Sustentable, Red por los Ríos Libres, Coordinadora No Alto Maipo, Coordinadora Penco Lirquén, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI, el diputado Félix González, la consejera regional Gina Sepúlveda, el consejero regional electo Javier Sandoval, los concejales Carlos Orellana y Fernando Jiménez, y la consejera regional metropolitana Paola Chávez.
El Ciudadano