«La conciliación era improcedente»: Con cautela, organizaciones aprueban decisión del Gobierno frente a Dominga

A horas de que el Tribunal Ambiental de Antofagasta iniciara la sesión donde iba a presentar su propuesta de conciliación para el proyecto minero Dominga, la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, se pronunció cerrando la posibilidad de que dicho acuerdo se concretara. La secretaria de Estado sostuvo que era necesario que el tribunal se pronunciara respecto al acto administrativo que se enmarca en el proceso de evaluación ambiental. Esto crea un nuevo escenario político-jurídico para el caso entre Andes Iron y el SEA, y los terceros coadyuvantes e independientes que están en este juicio.

Cubillos argumentó que la decisión se tomaba pues en el juicio se alega, por parte de la empresa, la ilegalidad de un acto administrativo, por lo que -dijo- “creemos necesario un fallo del Tribunal sobre la materia sometida a su decisión y no una conciliación entre las partes que puede, en definitiva, terminar agregando más incertidumbre a todo el proceso”.

La abogada Alejandra Donoso, que representa al Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema), parte en el proceso como tercero coadyuvante, conversó con El Ciudadano poco antes de que se iniciara la sesión en Antofagasta. Calificó como “correcto» el proceder de la ministra, argumentando que sus dichos reafirman que el llamado a conciliación era “bastante extraño”. Esto porque el objeto en este juicio era revisar la legalidad de una resolución y no aprobar o rechazar el proyecto. En ese sentido, Donoso apuntó: “Nosotros siempre hemos planteado que es bien difícil conciliar la legalidad de una resolución, puesto que son legales o ilegales, pero no se pueden conciliar.

Se especula que el Tribunal en esta oportunidad no presentará las bases de la conciliación que tanto han anunciado, pues Cubillos ya había anunciado el escrito que presentará en el Tribunal Ambiental en el que señala la voluntad del SEA de no conciliar. Esto facilita que no se desarrolle la conciliación, pues el SEA es parte principal. No obstante lo anterior, Donoso explica que ellos, como terceros, manifestaron mediante escritos de reposición el rechazo al llamado a conciliación, lo que fue rechazado por el Tribunal. Ante esto -señala- “nos reservamos la posibilidad de rechazar esa impugnación, porque siendo terceros tienen que respetar el derecho que tenemos como parte”.

Para Donoso, la decisión de la ministra de Medio Ambiente es “bastante razonable”, porque -sostiene- la conciliación era “improcedente”, más aún cuando el proyecto está rechazado. “Lo que corresponde es revisar si la resolución es legal o ilegal, no puede revivir un proyecto que ya fue rechazado en el SEA”. «Esa resolución, a nuestro juicio, sí se ajusta a Derecho y se debe mantener el rechazo del proyecto Dominga», concluye.

Gobierno inteligente

Por otra parte, Rosa Rojas, también de Modema, consideró que la decisión de la ministra fue “inteligente”, considerando que es un gobierno que está comenzando y que puede enfrentar un conflicto por el proyecto Dominga. Desde otra óptica, planteó que los nuevos funcionarios “no están preparados para hacer observaciones a la conciliación pues no tienen una idea clara del tema”. De todas maneras, anunció que seguirán pendientes, «porque el proyecto aún no se baja”, y estarán a la espera de la opinión que el Tribunal Ambiental dará una vez que concluya este proceso de conciliación.

En todo caso, manifiesta que dicha instancia debiera resolver que la resolución del SEA se ajustó a Derecho y, por lo tanto, mantener el rechazo al proyecto. Por el contrario, añade Rojas, «sería bien fácil para cualquier empresa que tenga su iniciativa rechazada, ingresarla de nuevo, eso sería gravísimo. Para eso tenemos institucionalidad y por algo fue rechazado en las fases previas”.

No obstante, la dirigenta de Modema es suspicaz respecto a las palabras de la ministra. “Ella no opina respecto al proyecto, solo dice que no van a participar como gobierno de la conciliación”, expresa, advirtiendo que cualquier decisión que se tome respecto al proyecto minero portuario, los perjudicará a ellos. “Nosotros somos los reales afectados de todo esto y estamos protegiendo un bien que es hotspot internacional y que el Estado debiera ser el garante de que no se desarrollen estos proyectos que destruyen un ecosistema único como este”, postula.

Mala imagen

Finalmente, Nancy Duman, de la ONG Spheniscos, sostiene que el Gobierno no podía hacer otra cosa, porque “habría sido negativo para su imagen”. Lo que ahora corresponde, dice, es que el Tribunal Ambiental se atenga a la legislación ambiental y reafirme el rechazo a Dominga, decisión tomada por el Comité de Ministros el año pasado.

Duman especula que el Tribunal Ambiental podría recoger el reclamo de Andes Iron y retrotraer el proceso al momento antes de la votación y que se haga una nueva; también que se reconozca que hubo incumplimientos y deficiencias del proyecto en el proceso de evaluación ambiental. La activista plantea que como Andes Iron no entregó la información solicitada por los organismos técnicos, impidiendo la correcta determinación y evaluación de los posibles impactos, se justificaría igualmente el rechazo.

Para la especialista, la decisión dependerá del “grado de responsabilidad que tengan las instancias correspondientes respecto de las funciones que el Estado les ha delegado”. En ese sentido, recuerda que el principio que rige la Ley Ambiental es el “principio preventivo”, que apunta a “prever y evitar un daño cuyas consecuencias pueden ser identificadas”. «Lo contrario le restaría valor y sentido a la Ley 19.300 y su respectiva institucionalidad», finaliza.