240 exestudiantes que demostraron que fueron víctimas de abuso sexual por parte de sus compañeros de clases podrían ser compensados por el gobierno de Canadá mediante un acuerdo de compensación en escuelas residenciales o pensionados indígenas.
Los indígenas que serán indemnizados provienen de las comunidades aborígenes Primeras Naciones, quienes de manera impositiva fueron sacado de sus viviendas para educarlos en la cultura occidental, evangelizarlos y asimilarlos.
Los pagos se realizarán solo a los estudiantes que reclamaron y fueron rechazados por las autoridades o no recibieron una compensación justa.
El gobierno canadiense indicó que han sido encausados cerca del 90 por ciento de los reclamos al amparo que se le denominó Proceso de Evaluación Independiente (IAP), sin embargo algunos casos no se encuentran dentro de los parámetros establecidos.
El IAP ha sido objeto de señalamiento por la revictimización, en el cual ha sometido a los demandantes a la condición de demostrar con pruebas o tener algún testigo que confirmase con alguien del claustro o personal de la escuela que fueron víctimas por parte de otros alumnos.
Carolyn Bennett, ministra de Asuntos Indígenas de la nación, comentó a través de un comunicado que el abuso padecido por los antiguos estudiantes es “trágico e inaceptable”.
Acotó que seguirán las labores de reivindicación de los derechos de los sobrevivientes y sus representantes para cerrar esta historia y continuar con el camino de reconciliación con los pueblos indígenas.
Revisión del caso
Los anuncios del Gobierno de la nación norteamericana se originaron, luego de que el caso del exalumno St. Anne’s en Fort Albany de la provincia de Ontario de la escuela residencial volviera a ser analizado por un juzgado del país.
Por otra parte, los indígenas que han demandando este tipo de vejación describieron al centro educativo como “la casa de horrores”, donde se cometieron abusos físicos y sexuales contra los niños indígenas y a quienes se les ha negado una indemnización por falta de documentación.
Cifras que seguirán creciendo
Se estima que entre los años 1951 a 1991, más de 150 mil niños de las comunidades indígenas inuit y métis canadienses, fueron obligados abandonar sus familias y a asistir a escuelas residenciales. Mientras que en Ontario, provincia con mayor población aborigen presuntamente existan 16 mil infantes que fueron víctimas de esas prácticas.
Los sobrevivientes exigen al Gobierno que más allá de la indemnización monetaria se reconozca que hubo un “genocidio cultural” y el incumplimiento de garantizar la preservación de la cultura indígena.