La reconstrucción ha quedado progresivamente fuera de la agenda pública, y ello redunda en que los damnificados sean también abandonados. Un claro ejemplo de este olvido, es la poca visibilidad del fracaso del actual modelo de reconstrucción.
El 7 de noviembre del 2010 el Presidente Piñera prometió a todo el país que al cumplirse dos años del 27F habrían 220.000 subsidios asignados para nuevas viviendas, y que 6 meses después, la totalidad de éstas estarían construidas. Al 31 de enero del 2012 el informe oficial del gobierno indica que se han construido y entregado 12.248 viviendas en todo el país, las que corresponden a apenas 5,57% de la meta original que debiera cumplirse en seis meses más. Se trata de objetivos que se anunciaron con bombos y platillos cuando la reconstrucción sí era el tema que discutían los medios y que han generado un nivel de expectativa, imposible de cumplir.
La base del modelo de reconstrucción que se utiliza actualmente es la promoción de la construcción de viviendas a través de la asignación de subsidios por familia afectada, de esta manera, el gobierno espera que la industria inmobiliaria les provea opciones de solución. Esto hace que el Estado no pueda responder cuando los privados consideran que no es suficientemente lucrativo construir. Además el modelo carece de espacios de participación ciudadana efectiva, no existe institucionalidad para generar planes urbanos vinculantes, y los Servius regionales se limitan a dejar que los damnificados se entiendan directamente con los privados.
A las falencias del modelo, se suman dos grandes omisiones en cuánto a las lecciones que han dejado las experiencias internacionales en reconstrucción: la primera es que la reconstrucción es mucho más que casas, siendo más importante incluso la parte económica, psicológica y el fortalecimiento comunitario; la segunda es ser responsables con las expectativas, no exagerar en los plazos, ser transparentes con la información y cuidar la credibilidad.
En contraste, Chile enfrentó este desafío con una cantidad inédita de recursos disponibles. El dinero no es el problema, sino que es la capacidad de hacerse cargo de que las cosas ocurran mediante una gestión pública eficiente. Una demostración de que tenemos los recursos pero no se ha sabido usarlos; son los bajísimos niveles de ejecución presupuestaria. Otro ejemplo es que – según CIPER Chile – el 2010 se dejaron de usar 300 millones de dólares de todos los chilenos, apartados de la Ley Reservada del Cobre para reconstrucción, y se invirtieron en el Mercado de Capitales.
Lo que se ve en los medios no hace más que aumentar la desesperanza de los damnificados. Por un lado, el último gran anuncio del vocero de la reconstrucción, Felipe Kast, fue el show televisivo Viva Dichato. En su conferencia de prensa del 4 de diciembre, nada mencionó de los avances de la reconstrucción, o de que el Programa Aldeas, que es el más publicitado, apenas atenderá a parte de los 4.300 hogares que viven en ellas, que corresponden con suerte a poco más del 1% de las 370.000 familias damnificadas. Por otro lado, vemos que nuestros representantes políticos se concentran en echarse la culpa los unos a los otros, para interpelaciones, acusaciones constitucionales, y ahora con el proceso por el Tsunami. ¡Olvidan que la mejor manera de honrar a las víctimas es llevando adelante una buena reconstrucción para los que quedaron con vida!
Se está obviando lo más básico: que la reconstrucción es un problema de todos, y que para generar logros se requiere generar consensos entre las partes. Para ello, el único responsable de generar los espacios para la participación y el consenso es el Estado, porque tiene los recursos y está mandatado para ello, por todos los chilenos.
Asistimos al fracaso del modelo subsidiario de reconstrucción, estamos desperdiciando recursos disponibles y prolongando la agonía de los afectados, las rendiciones de cuentas por parte de las autoridades son precarias, se hace publicidad engañosa y para colmo el tema de la reconstrucción está enterrado lejos de la atención de los medios.
Es por esto que desde la sociedad civil se ha generado una Red de Organizaciones pro Reconstrucción, que invita a todo el país a organizar una Consulta Nacional sobre Reconstrucción. Ésta se llevará a cabo a partir del sábado 25 de febrero y hasta el domingo 4 de marzo, a través del sitio web www.votociudadano.cl. Queremos conocer la percepción que tiene la ciudadanía de los resultados del Plan de Reconstruccion 2010 – 2013, y queremos saber también, cuán presente están en la opinión pública, el millón de damnificados del 27F.
Además de la votación online, los fines de semana 25-26 de febrero y 3-4 de marzo, se instalarán mesas de votación presencial en lugares afectados por el terremoto en Santiago, Valparaíso, Pichilemu, Vichuquén, Curicó, Talca, Constitución, Cauquenes, Chanco, Dichato, Concepción, San Rosendo y Tirúa. Los resultados estarán disponibles a partir del 7 de marzo del 2012.
Queremos utilizar la propia participación y la colaboración en red de la ciudadanía para volver a levantar la reconstrucción como una prioridad pública y nacional. La experiencia internacional indica que este proceso durará al menos diez años: enmendemos el rumbo para los ocho que quedan.
Por Nicolás Valenzuela Levi,
Red de Organizaciones pro Reconstruccion
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