Familiares valoran procesamiento de civiles por el asesinato de trabajadores en Laja y San Rosendo en 1973

Un poco de felicidad en medio del dolor vivido en estos casi 45 años. Así describió Emilio Araneda la sensación que tuvo tras conocer el fallo unánime de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción que este jueves procesó a cuatro civiles en calidad de cómplices de homicidio en la causa denominada Masacre de Laja-San Rosendo.

Fueron casi diez meses los que debieron esperar los familiares de los 19 trabajadores y dirigentes de la Papelera Laja y de Ferrocarriles, para lograr este fallo. Pero fueron más de siete años de labor intensa, de indagaciones, de búsqueda, de recopilar antecedentes y pruebas que permitieran procesar a los responsables civiles de la masacre de sus seres queridos.

Emilio Araneda es uno de los 4 hijos de Luis Alberto Araneda Reyes, maquinista ferroviario, dirigente sindical, militante socialista, que fue detenido el 15 de septiembre de 1973, cuando regresaba a su casa en San Rosendo. La patrulla de Carabineros que lo apresó estaba al mando del teniente Alberto Fernández Mitchel y del sargento Pedro Rodríguez Ceballos. Sus familiares dejaron de tener noticias suyas a contar del 18 de septiembre, cuando al concurrir su esposa Ruth a la Tenencia de Laja a saber de él, le dijeron que había sido trasladado a Los Ángeles. Lo cierto es que Luis Araneda junto a otros 18 detenidos fueron ejecutados en el fundo San Juan, en el camino entre Laja y Yumbel.

Fue el ministro en visita, José Martínez Gaensly quien durante la investigación realizada en los ’80, pudo establecer las responsabilidades de carabineros en esta causa, luego que los cuerpos de las víctimas fueran exhumados desde una tumba clandestina en el cementerio de Yumbel.

Recién a partir del 2010, cuando se reabre el proceso a cargo del ministro para causas de derechos humanos, Carlos Aldana, es cuando renace la esperanza entre los familiares, que siempre buscaron que se estableciera la responsabilidad penal de un grupo de civiles en los hechos.

Por lo mismo, Araneda reconoce cierta frustración cuando en mayo de 2017, el ministro Aldana decide cerrar la causa, sin acoger la petición de procesamiento en contra de los civiles involucrados, todos empleados de la Papelera de CMPC en Laja,

“Fueron siete años de investigación en manos del ministro Aldana en los que no fue capaz de asociar esta masacre con los civiles que tenían responsabilidad, porque argumentaba que no tenía suficientes antecedentes para acreditarlo”. Sin embargo, para los familiares tales antecedentes sí estaban en el proceso, por lo mismo valoraron la decisión unánime adoptada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Ello, luego que en octubre pasado el tribunal de alzada decidiera que era necesario mantener abierto el proceso y revisar las peticiones formuladas por los familiares y el Programa de Derechos Humanos.

Fue así como recién el 7 de marzo pasado se realizaron los alegatos de las partes en torno a las solicitudes de someter a proceso a los empleado de la CMPC Laja Leonel Alejandro Aguilera Covarrubias, Pedro Jarpa Forester, Rodolfo Román Román y Carlos Ferrer Gómez, que a juicio de Emilio Araneda “son contundentes en cuanto a su participación en los crímenes”.Y el fallo emitido este jueves por la Quinta Sala también lo es en cuanto a establecer la participación de los inculpados.

Emilio Araneda afirma que hace tiempo esperaban esta resolución, que los deja satisfechos en esta etapa, aunque saben que aún queda el pronunciamiento de la Corte Suprema. Y no puede dejar de insistir en que los tenía molestos que el Ministro Carlos Aldana, que indagó el caso por siete años, no los hubiera procesado. “Nos decía que encontraba que los elementos no eran suficientes para acreditar la participación de los civiles, pero la Corte dijo otra cosa, que sí los hay”.

Los cuatro procesados son los únicos civiles involucrados en esta causa, algo que se pudo establecer a través del relato de testigos, de personal de la CMPC y de detenidos que fueron liberados. “Proporcionaron el vehículo para el traslado tanto a la Tenencia como al lugar donde los mataron, también uno de ellos entregó la cal con que se cubrió la fosa donde fueron enterrados. Todo eso constituía complicidad cierta en el homicidio”, argumenta Araneda.

Por lo mismo, tiene cierta confianza en lo que decida la Corte Suprema, con todo, agrega que independiente de lo que dictamine el máximo tribunal, es un hecho muy importante que la Corte de Apelaciones de Concepción, de la región donde se produjeron los hechos, haya adoptado esta resolución.

Y como esto aún no ha terminado, seguirán insistiendo en la necesidad de la justicia, pues lo ocurrido este jueves es un paso importante, “que nos obliga a seguir trabajando, a estar en primera línea. Esta es una arista en la que nadie quería meterse, pero pensamos que no hay que tener miedo, hay que avanzar en lo que uno cree. Por eso podemos decir que esto representa un poco de felicidad en medio del dolor de esto casi 45 años”.

Por M.E.Vega – tribunadelbiobio.cl