El Encuentro de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras -que ha reunido más de 700 personas en Tocoa (Bajo Aguán)- terminó el domingo, pero la huella debe durar bastante más. En una de las zonas más peligrosas del hemisferio para los movimientos sociales organizados, se ha analizado esta Honduras fallida, golpista y asesina. Otramérica ha estado allá.
Tocoa es una calurosa ciudad rodeada por decenas de millares de hectáreas de palma africana, tras las que se enredan los intereses del narcotráfico y los de uno de los mayores empresarios del país: Miguel Facussé Barjum. Facussé pertenece a la oligarquía hondureña, las diez familias que controlan la economía, la justicia y la política del país.
“El gobierno de Zelaya no era socialista, pero se había atrevido a hacer cosas prohibidas por el imperio [estadounidense]”, recordaba a los participantes Miriam Miranda, presidenta de OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña). Bastó su promesa de tierra, reforma constitucional y de un salario digno, para que la oligarquía se sintiera tan amenazada como para organizar un golpe de Estado. A éste siguió un régimen de total violencia e impunidad, que después de dos años y medio está cobrando 20 víctimas al día.
Según el informe de Human Rights Watch de 2011, a pesar de que el gobierno haya creado una Comisión de Verdad, todavía no se ha hecho justicia a las víctimas de las violaciones ocurridas después del golpe, que han afectado y siguen afectando sobre todo a defensor@s de derechos humanos, periodistas e integrantes de organizaciones campesinas. En Honduras, las violaciones continúan, según ha alertado incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la misma Organización de Estados Americanos (OEA) que ha legitimado al régimen del presidente Porfirio Lobo al aceptar su reincorporación.
El Observatorio Permanente de los Derechos Humanos en el Aguán, junto con otras organizaciones nacionales e internacionales, organizó el encuentro justo para dar voz a las víctimas de la violencia del Estado, visibilizar la situación política del país y compartir experiencias buscando estrategias comúnes, en el entorno nacional e internacional, para contrarrestar la represión.
MEL EN EL AGUÁN
“Parecía que mi retorno iba a ayudar a disminuir las violaciones a los derechos humanos, pero ha continuado de una forma vergonzante la represión contra el pueblo hondureño. ¿El incremento de estas violaciones corresponde a un incidente, al azar, o es un hecho premeditado? Yo creo que obedece a leyes y decretos del mismo Estado, que legitiman la impunidad que permanece desde el golpe. Cuando la impunidad es generalizada, ésta corresponde a un plan», denunció el ex presidente Manuel Mel Zelaya durante la cerimonia inaugural.
El plan del Gobierno parece evidente analizando las leyes que impulsa. Como la Ley Antiterrorista, que criminaliza la protesta social con el pretexto de que “fondos para grupos subversivos entran como remesas o a través de ONG”, o la Ley de Escuchas (sobre las intervenciones telefónicas). “Ya nos escuchaban, pero están tan descarados que ahora sacan una ley”, explicaba Dina Meza de COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).
LA RESISTENCIA EN EL AGUÁN
Los organizadores han elegido el Bajo Aguán como sede del encuentro porque es el caso más impactante de la impunidad que reina en el país. “Al principio de los noventa, el Fondo Monetario Internacional, junto con el gobierno neoliberal hondureño, inauguraron una política agraria que daba luz verde a los terratenientes para el acaparramiento de la tierra de los campesinos. Todo el mundo empezó a vender sus tierras bajo amenazas y chantaje, sobre todo a Miguel Facussé. Quienes se negaron, fueron asesinados”, relata a Otramérica Vitalino Álvarez, Secretario de las Relaciones Publicas del MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán). Cuando descubrieron que las concesiones de los terratenientes duraban hasta el 2005, los campesinos se organizaron para recuperar sus tierras.
En abril de 2010, el Gobierno prometió la entrega de 11.000 hectáreas de tierra a los campesinos del Bajo Aguán, la construcción de 500 casas y la prestación de servicios de educación y salud. El acuerdo no ha sido respetado, y las organizaciones que han protestado han sido fuertemente reprimidas: son ya 54 los campesinos asesinados por los sicarios de Miguel Facussé en los últimos dos años, una cifra exorbitante incluso en el país más violento del mundo. A pesar de la traición anterior, la semana pasada MUCA y MARCA (Movimiento Auténtico Reivendicador Campesino del Aguán) han firmado otro acuerdo con el gobierno de Lobo, que prevé la entrega de tierra a cambio de dinero y de la promesa de que el aceite de palma producido será vendido a la empresa Hondupalma.
El Encuentro de Derechos Humanos en Solidaridad con Honduras ha sido la ocasión para dar voz a las víctimas de la militarización del Aguán. Han llevado su testimonio los familiares de las victimas, como Eriberto Palacios, cuyo hijo fue asesinado de 30 balazos. “Nahúm era periodista y su único delito fue haber dicho que la tierra del Bajo Aguán es de los campesinos, no de los terratenientes”.
También tuvieron su espacio los que vive el día día atrapados por las amenazas continuas, de las que son victimas hasta las niñas, como denunciaba Consuelo Castillo, del MUCA, cuya hija, saliendo de la escuela, fue amenazada por desconocidos. “Le han puesto una pistola en la boca, y le han dicho que habían matado a su madre y que nunca se encontraría su cuerpo”.
¿CIUDADES MODELOS O PLAN DE MUERTE?
Durante el encuentro han sido recordadas las detenciones, violencias y torturas ocurridas en los días del golpe, pero también el despojo de tierra que afecta a la población indígena y negra de Honduras. “Hay planes de muerte para hacer desaparecer a los pueblos culturalmente diferenciados”, explicó Miriam Miranda. Miranda se refería, en particular, al proyecto de las Regiones Administrativas Especiales, aprobado por el Congreso Nacional hace un año, también conocidas como Ciudades Modelos. La primera será construida en Trujillo, en la costa garifuna caribeña, a través de la venta de 100 km cuadrados de territorio hondureño al capital financiero internacional. Será un paraíso fiscal, una zona no sujeta a la legislación nacional donde las «empresas compradoras» podrán crear sus leyes, tribunales y su propio sistema sanitario y educativo. “Se trata de la venta de la soberanía del país, es una humillación para nosotros los hondureños. Además las Ciudades Modelo comportan desalojos y violaciones a los derechos humanos: el barrio Rio Negro en Trujillo ya está desapareciendo, ya están botando las casas para construir el muelle de cruceros ”, denunció a través de Otramérica Alfredo López, vicepresidente de OFRANEH.
Para participar en los campamentos internacionales de observación de los derechos humanos en Honduras: [email protected]
Por Emma Volonté
Publicado en Otramérica
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