La activista defensora del derecho a la tierra en el estado de Oaxaca, Bettina Cruz, fue detenida por la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado martes, previo a una mesa de negociación en la que la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec plantearía el fin anticipado de un contrato con la empresa eólica Demex.
En rueda de prensa, Yésica Sánchez Maya y Ana María Hernández, integrantes de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, acusaron que con la detención de la activista “con delitos prefabricados”, los gobiernos federal y estatal buscan que la libertad de Bettina sea moneda de cambio para que se instalen los aerogeneradores de la empresa Demex.
Este jueves la cofundadora de la asamblea de comuneros en resistencia a los proyectos eólicos en la región del Istmo y contra el alza a las tarifas de luz de la Comisión Federal de Electricidad, rendirá su declaración preparatoria ante el juzgado séptimo de Matías Romero.
De última hora se informó que Cruz saldría hoy en libertad previo pago de una fianza, cuyo monto no se especificó. Hasta el cierre de esta edición la activista aún no era liberada.
Tras la detención de Cruz, Sánchez Maya advirtió que hay una “oleada de represión” hacia las y los defensores de Derechos Humanos (DH), y aseguró que con estas acciones se pone en riesgo la gobernabilidad en la entidad.
“El proceso de criminalización tuvo como un impasse y ahora regresa; tuvo como una oleada de represión y ataques sistemáticos a las defensoras y defensores de DH, de ahí que estamos colocándonos de frente a las arbitrariedades porque si el gobierno del estado no asume con responsabilidad la protección de los DH, el indicador de gobernabilidad y democracia se está yendo a cero”, dijo.
Agregó que la comunidad internacional mantiene a Oaxaca bajo la lupa por los ataques en contra de las y los activistas.
Bettina Cruz fue detenida por elementos federales cuando salía de una reunión con el gerente regional de la CFE en Santa María Xadani, para exigir una indemnización para Jesús Jiménez Sánchez, quien fue atropellado por un vehículo de esa empresa el pasado 27 de enero.
A pesar de que desde el pasado 14 de noviembre Bettina goza de medidas cautelares otorgadas por la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca, la activista fue encarcelada en el penal de Santo Domingo Tehuantepec y se le incomunicó.
La orden de captura contra la profesora fue librada por el juez sexto de Distrito por los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de trabajadores de la CFE, y por ser “opositora a la explotación de las riquezas nacionales”.
En tanto, unos 200 integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec bloquearon el edificio de la CFE en Juchitán, para exigir la liberación inmediata de Bettina.
Rogelia González Luis, regidora de Derechos Humanos e Igualdad de Género de Juchitán, informó que hasta el momento a la activista sólo se le ha permitido hablar con su abogada.
Recordó que desde octubre pasado Bettina Cruz y Maribel González ya habían sufrido amenazas por parte de la CFE y empleados de Demex en la comunidad de Unión Hidalgo, por su activismo contra la instalación de aerogeneradores en la región.
Por Citlalli López
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