A 6 años del asesinato de Daniel Zamudio: Movilh apunta a carencias de la Ley Antidiscriminación

Este martes se conmemoran seis años del brutal asesinato de Daniel Zamudio, joven homosexual de 24 años que fue brutalmente atacado y torturado por un grupo de hombres en el parque San Borja de Santiago, en marzo de 2012. Las heridas que sufrió causaron su muerte días después.

Durante esta jornada, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) realizó una actividad en el memorial de la diversidad que lleva el nombre del joven, cuya muerte “dio a conocer a la sociedad chilena la necesidad de mejorar nuestra legislación para proteger a aquellos sectores que se encontraban más propensos a la discriminación”, según afirmó Óscar Rementería, vocero del Movilh.

El dirigente aprovechó de poner en relieve los aspectos deficitarios de la ley anti discriminación (o Ley Zamudio), norma sancionada luego del repudiable asesinato.

“La ley anti discriminación ha sido un paso esencial en las normas legales de nuestro país. Ha sido el primer paso para ayudar a erradicar toda la discriminación arbitraria en Chile, pero también manifestamos desde el primer día que la Ley Zamudio tenía falencias que habían sido legisladas de manera consciente por parte de los legisladores más homofóbicos y conservadores del Congreso”, señaló Rementería.

Según explicó el vocero del Movilh, “la ley anti discriminación no contempla ningún tipo de indemnización a la víctima, solamente una multa a beneficio fiscal. es decir, la víctima de la discriminación no recibe ninguna reparación, tiene que iniciar otro juicio, a partir de los resultados del juicio utilizando la Ley Zamudio”.

A juicio de Rementería, la culpa es de “los legisladores más conservadores”, puesto que “tampoco permitieron que se creara un organismo público que se hiciera cargo de la discriminación. Tenemos una ley anti discriminación pero no hay ningún ministerio que tenga la responsabilidad legal de informarle a la ciudadania”.

Un último reparo expuesto por el dirigente apunta a que “la carga de la prueba esta invertida”. Esto quiere decir –dice Rementería– que “la persona que es acusada de discriminación, tiene que comprobar ante los tribunales que no discriminó, porque se asume que la persona discriminada, por lo general, es la que tiene menos recursos para poder comprobar la discriminación. Sin embargo en Chile, los legisladores más homofóbicos consideraron que es la persona discriminada la que tiene que comprobar la discriminación”.

El Ciudadano