El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil denegó este miércoles el recurso que horas antes habían presentado los abogados del expresidente Lula da Silva para evitar su eventual encarcelamiento, lo que complica las cosas al líder de izquierda tras su condena a doce años de prisión.
Los magistrados se tardaron 12 horas para decidir y el juicio se centró en una pregunta: ¿debe el popular exmandatario iniciar el cumplimiento de la sentencia por corrupción a la que fue condenado por un tribunal de Porto Alegre o puede esperar en libertad hasta que su caso sea analizado por las instancias superiores? La mayoría de los jueces entendió que debe ingresar en prisión y cinco se manifestaron a favor de Lula.
Un dictamen que es calificado por los partidarios del exmandatario y candidato presidente por el Partido de los Trabajadores (PT), como una decisión sin fundamentos, marcada por las presiones de la oligarquía brasileña y la cúpula militar que intervino mediante declaraciones a los medios de comunicación y en las redes sociales. Al respecto Dilma Rousseff dijo: “El juicio a Lula es un nuevo acto del golpe en Brasil”
Pese a que la Suprema Corte es el principal tribunal del país, Lula no va a ingresar en la cárcel inmediatamente. El exmandatario todavía tiene hasta el 10 de abril para presentar un recurso ante el tribunal de Porto Alegre, pero los expertos en derecho coinciden en que esta etapa es una formalidad y que la probabilidad de que tenga éxito es mínima.
Los abogados de Lula presentaran un recurso de «habeas corpus» ante el STJ, para permitir que el exmandatario (2003-2010) siga recurriendo en libertad su condena por corrupción y lavado de dinero dictada la semana pasada por un tribunal de apelaciones de Porto Alegre (sur).
El Tribunal Regional Federal Nº4 había ratificado la culpabilidad de Lula, condenado en julio pasado a nueve años y medio de prisión, y tras elevar la pena señaló que el líder del PT debería empezar a cumplir su sentencia inmediatamente después de agotar los recursos de segunda instancia, dentro del propio TRF4.
El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, reaccionó rápidamente a la decisión. «La Constitución asegura al expresidente la garantía de una presunción de inocencia y el derecho de recurrir una condena ilegítima impuesta sin anticipación del cumplimiento de pena. La defensa usará los medios jurídicos necesarios para hacer prevalecer las garantías fundamentales de Lula», dijo el abogado en una conferencia de prensa, reseñaron medios locales.
Esta semana, los abogados del expresidente denunciaron también ante la Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que el proceso contra Lula carece de imparcialidad. El caso de Lula ante la ONU ha tenido pocos avances desde que sus abogados presentaron la denuncia en julio de 2016.
Desde entonces, la defensa y el estado brasileño han presentado sus respectivas pruebas para que los 18 expertos internacionales que integran la Consejo decidan si admitir el caso o no.
Lula fue condenado por recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos en la estatal Petrobras, centro de una oscura red de financiación ilegal a partidos políticos, la primera de las muchas cuentas que tiene abiertas en la justicia.
Tras la condena en Porto Alegre, un juez de Brasilia a cargo de otro proceso contra el expresidente ordenó confiscarle el pasaporte alegando que Lula podría fugarse del país.