Día clave para el conflicto en Aysén

Los dirigentes del Movimiento social por Aysén, sostienen una reunión en la Cámara de Comercio de Aysén para suscribir algún acuerdo con las exigencias que estableció el Gobierno respecto a desbloquear todos los caminos en la región.

El poder central aún amenaza con presentar la Ley de Seguridad del Estado, dado que aseguran, ya se han agotado “todas las instancias”. El Ministerio del Interior se está alistando.

Para mañana, miércoles 7, diversas organizaciones sociales convocaron a un acto de solidaridad con la protesta en Aysén, a las 17 horas en la Plaza los Héroes (Tucapel Jiménez con Alameda).

Han pasado tres semanas desde que se inició el conflicto en Aysén y hoy, luego de numerosas manifestaciones, reuniones, discusiones, la tensión se centra en la exigencia del Gobierno para que los dirigentes desbloqueen los caminos de acceso a la región de Aysén. Si no -dicen-, aplicarán la Ley de Seguridad Interior del Estado. De hecho, las querellas ya se encuentran redactadas: identifican a los protagonistas de los bloqueos y establecen penas que van entre tres años y un día a 10 años de cárcel.

Los dirigentes, por su parte, se niegan a ceder ante dicha petición, pero aseguran que hoy -martes 6- habrá una definición por parte del movimiento, por lo que desde el mediodía de hoy se encuentran reunidos en la Cámara de Comercio de Puerto Aysén para ver la posibilidad de suscribir un acuerdo.

Ayer, tras la reunión con el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, no se logró concretar ningún punto. Iván Fuentes, vocero del Movimiento Social por Aysén, luego de mantener el silencio después de la reunión, aseguró que el Gobierno no presentó ninguna propuesta, sino que se limitó a exigir el desbloqueo de las rutas.

“El Gobierno quiere sumisión (…) -pero- el pueblo dice que por qué tiene que ser de rodillas”, aseveró Fuentes, ya que han dado muestras de voluntad con el desbloqueo casi total de las rutas. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en el despeje total de las rutas.

La intendenta de Aysén, Pilar Cuevas, dijo en TVN que se “han agotado todas las instancias, tanto públicas como privadas” para lograr “sentarse a una mesa y poder analizar las propuestas de la región”.

El Gobierno da muestras de que la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado es inminente. Según el diario electrónico emol, “altas fuentes del Gobierno” indicaron que en las próximas horas interpondrán “sendos requerimientos en contra de varios de los dirigentes del Movimiento por Aysén”.

Agregaron que los requerimientos ya fueron revisados por el equipo jurídico del Ministerio del Interior y por el Comité Político de La Moneda, y que en las presentaciones se solicita además investigar la “red de apoyo financiero, logístico y comunicacional de las movilizaciones”.

Pese a todo, el movimiento social, hasta el momento, no ha aceptado las condiciones del Gobierno, mantiene las medidas de presión, y mientras un grupo de ministros evalúa en La Moneda la aplicación de dicha Ley de Estado, el movimiento recibe el apoyo y la solidaridad de numerosas organizaciones sociales.

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ORGANIZACIONES EN APOYO A AYSÉN

Ayer, lunes 5 de marzo, los representantes de las más de 100 organizaciones sociales adheridas al Movimiento Social por Aysén llegaron hasta La Moneda para entregar una carta exigiendo al Gobierno una solución inmediata a las reivindicaciones de la Patagonia. Además, convocaron a una concentración para mañana en calle Tucapel Jiménez con Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, en Plaza Los Héroes, frente a la sede de la Anef para las 17 horas.

Hoy, martes 5, a las 11 de la mañana, en la sede central de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), reafirmaron su apoyo a la protesta social organizada que se está librando en el sur del país.

Marjorie Cuello, secretaria general de la Universidad de Valparaíso, manifestó en nombre de los estudiantes, que “se ponen al servicio de los pobladores de la Patagonia” y entregan “todo el respaldo a sus demandas”. Con la misma fuerza rechazan de plano los actos de represión que han protagonizado fuerzas especiales de carabineros en contra de los manifestantes.

Le siguió el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, quien aseguró que las reivindicaciones del sur son “una causa justa” y que -a propósito de los actos de violencia que se han desatado en contra de los ciudadanos movilizados-, el Gobierno, en vez de enviar “batallones de fuerzas especiales”, debiera mandar autoridades dispuestas a solucionar los problemas de la región. “El camino es solución, no represión”, sostuvo de la Puente.

“La explosión ciudadana en Aysén es legítima -aseguró Carolina Espinoza, presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam)-, la toma de caminos, de recintos públicos, los paros y las movilizaciones, son expresiones legítimas que no dejaremos de realizar”, por lo que llamó al Gobierno a dejar “de mirarse al ombligo” y de “buscar soluciones reprimiendo o criminalizando la protesta”.

Luis Mariano Rendón, coordinador de Acción Ecológica, aseguró que “el problema de Aysén es el problema de Chile”. Explicó que el problema que vive la región ejemplifica “la crisis del sistema autoritario chileno, que acalla completamente la voz de las comunidades regionales a la hora de decidir qué es lo que se hace o no se hace en su territorio”. Por esto, agregó que la comunidad del sur está exigiendo tener una voz decisiva respecto a si quieren o no construir represas en su región, entre otros dilemas.

La Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) también se sumó a la convocatoria de mañana, miércoles 7. Su vicepresidente, Maurico Villanueva, dijo que “lo de Aysén es una demanda de hace años” pero que “lo que siempre se le han entregado son palabras”, por ello agregó, como ejemplo de esto, que el Gobierno “prometió 37 mil millones de pesos para resolver la situación de tres hospitales y solo se han ejecutado 89 millones”.

A las críticas se sumó el dirigente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud (Fenats), Óscar Riveros, quien apuntó directamente al ministro de Salud, Jaime Mañalich, diciendo que éste habría mentido al decir que los bloqueos -que han realizados los ayseninos como medida de presión- no han permitido la llegada de ambulancias a los hospitales. “Eso es una falsedad del porte del mundo… ya ha sido desmentido, pero la prensa oficial no ha hecho los desmentidos correspondientes. Los trabajadores hospitalarios están cumpliendo su labor en Aysén y aún así están participando de las manifestaciones” aseguró.

Por último, Marjorie Cuello, de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) aprovechó la instancia para rechazar “tajantemente la Ley de Seguridad al interior del Estado” que el Ejecutivo amenaza con aplicar si es que los dirigentes no desbloquean completamente los caminos. “No puede ser que el Gobierno siga respondiendo con más represión cuando este movimiento en Aysén es consecuencia directa del modelo económico y la centralización que tenemos en Chile”.

UN NUEVO MODELO DE PAÍS

El dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Esteban Maturana, quien también estuvo presente en la conferencia de prensa en la sede de la Fech, hoy en la mañana, explicó que lo que se está produciendo actualmente es que los principales actores sociales, políticos, estudiantiles han entendido que cada uno por su lado no tienen la capacidad de generar los cambios que exigen al Gobierno.

“Este año, 2012 -dijo Maturana- hemos asumido que es esencial que más allá de las diversidades que hayan, de los intereses políticos que hayan, es fundamental ser capaces de actuar en conjunto frente a un Gobierno y una oposición cuyos intereses, mas allá de las disputas que tengan permanentemente, son exactamente los mismos”.

Por último, agregó que “habiendo perdido legitimidad los partidos políticos, el Gobierno, el parlamento, lo esencial es que la sociedad, la ciudadanía, los pobladores, los estudiantes, los trabajadores se articulen ¿Para qué? para construir un nuevo modelo de país”.

Por Esteban Acuña Venegas

El Ciudadano