Los intereses de Estados Unidos detrás de la decisión contra Lula

La ofensiva permanente de la derecha durante los últimos cinco años, le permitió cumplir con su sueño más deseado: descabalgar a Lula de las elecciones presidenciales de octubre, para las cuales era el favorito con el 35% de apoyo popular, muy lejos de los demás candidatos.

El STF votó negativamente el habeas corpus presentado por Lula, que le hubiera permitido esperar el resultado del juicio por enriquecimiento ilícito que fue confirmado en segunda instancia. El tribunal se apegó a la jurisprudencia que dice que todo procesado cuya pena es confirmada en segunda instancia, entrará en prisión. En efecto, Lula fue condenado a más de 12 años por un tribunal federal en enero pasado.

Parece necesario repasar las razones que llevaron a cada uno de esos sectores a apoyar la condena a Lula, más allá de su presunta culpabilidad. Muchos políticos deberían estar también en los tribunales por delitos aún más graves, como el actual presidente Michel Temer, en una clara muestra de doble rasero de la justicia, las instituciones y la propia sociedad brasileña.

En primer lugar, para los EEUU los gobiernos de Lula no fueron especialmente problemáticos, por lo menos si nos atenemos a las declaraciones de ambas partes. Salvo en un punto: el proyecto de autonomía en defensa, plasmado en la construcción de un submarino nuclear, además de la capacidad de fabricar cazas de quinta generación y la potenciación de la base de satélites de Alcántara, cerca de la línea ecuatorial.

«Casualmente», desde que Dilma Rousseff fue descabalgada del gobierno en agosto de 2016, los tres proyectos enfrentan serias dificultades, aunque las autoridades se empeñan en negarlo. La tercera fabricante mundial de aviones comerciales, Embraer, que firmó un acuerdo con la sueca Saab para los cazas brasileños, está en proceso de fusión con la estadunidense Boeing, lo que puede frustrar el desarrollo que daría autonomía a la fuerza aérea.

Respecto al submarino nuclear, sólo insistir en que está a cargo de la constructora Odebrecht en acuerdo con la francesa DCNS, que está siendo seriamente investigada por la justicia, y que puede desbaratar todo el programa estratégico. No puede ser casual que sólo Odebrecht esté en el ojo de la justicia cuando todas las empresas de la construcción operan del mismo modo.

EEUU está cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno de Temer para operar la base de Alcántara, que por su ubicación geográfica permite un ahorro de hasta el 30% en combustible. Este es junto al submarino nuclear uno de los puntos más sensibles para el Pentágono.

La segunda cuestión son los grandes empresarios, que habían mantenido una actitud favorable a los gobiernos del PT, por lo menos hasta el año 2012. Sin embargo, el fortalecimiento del movimiento sindical y la irrupción de las camadas más pobres de los trabajadores en el movimiento huelguístico de 2013, que batió todos los récords históricos en cantidad de huelgas, los convencieron de la necesidad de interrumpir el curso de empoderamiento del movimiento obrero.

En este sentido, vale recordar que la federación industrial de Sao Paulo (FIESP), la más potente del país y una de las más poderosas del mundo, volvió a jugar el mismo papel que tuvo en 1964 cuando fue la principal artífice del golpe de Estado militar que derribó a Joao Goulart.

La tercera incógnita son las fuerzas armadas. Bajo los gobiernos de Lula (2003-2010) fueron uno de los sectores más privilegiados. Se programó un rearme importante, como sólo se había producido bajo la dictadura militar (1964-1985). Se fortaleció el complejo industrial-militar con sede en la ciudad paulista de Sao José dos Campos, con acuerdos con empresas europeas que le abrieron nuevos negocios a las compañías brasileñas involucradas en la defensa.

Pero sobre todo, se definió una Estrategia Nacional de Defensa que fue acordada con los altos mandos, el gobierno y los empresarios, que define nuevos y más ambiciosos proyectos para las Fuerzas Armadas.

Dos de ellos establecen la creación de una segunda base naval en la desembocadura del Amazonas, que se sumaría a la actual localizada en Río de Janeiro. En paralelo, el fortalecimiento de la vigilancia de los yacimientos off shore en la plataforma marítima, implica la proyección de una poderosa flota de submarinos convencionales y nucleares.

Las razones que llevaron al viraje militar tienen dos asideros. La primera es la política sutil pero persistente de los EEUU, que nunca vieron con buenos ojos la construcción del submarino nuclear ni la autonomía satelital, proyectos que socavaron persistentemente detrás del escenario. Aunque un sector de los militares brasileños tiene fuertes inclinaciones nacionalistas, existe otro sector muy dependiente de la lógica estadounidense que coloca a Venezuela, Rusia e Irán como los nuevos demonios que juegan el mismo papel que el comunismo, bajo la doctrina de seguridad nacional que llevó a los golpes de Estado de las décadas de 1960 y 1970.

El segundo, es el creciente papel de la derecha civil en los cuarteles. Muchos altos mando rechazan cualquier mención a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La expresidenta Rousseff fue torturada por militares, actitud que es celebrada por varios altos mandos que nunca aceptaron la menor crítica a la represión de la dictadura.

Por último, las clases medias y medio altas han militado fervientemente contra Lula y los cuatro gobiernos del PT. Así como no hubo una ruptura con la dictadura, en Brasil tampoco hubo una descolonización social y cultural que hubiera democratizado la sociedad y las relaciones entre blancos y negros (que son el 54% de los brasileños). Esos lastres han provocado la actual polarización social y política, en respuesta al ascenso de los más pobres al rango de clases medias. Pero esas herencias están, también, en la base de la creciente descomposición de un país que se proyectaba como potencia global.

Por Raúl Zibechi

Publicado originalmente el 5 de abril de 2018 en Sputnik.