Preocupación regional por la grave situación en Brasil

Diversas organizaciones de América Latina del ámbito de la sociedad civil y la defensa y promoción de los derechos humanos -de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela-, dieron a conocer una declaración pública en la que expresan su “preocupación” por lo sucedido en Brasil con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de negarle un habeas corpus contra su prisión. Esto, argumentando que dicha decisión “abre cuestionamientos sobre el futuro de las democracias y el Estado de Derecho en la región, con consecuencias graves para los derechos humanos”.

Entre las más de 70 organizaciones firmantes destacan el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, la Corporación Humanas, Alianza Américas, SOA Watch, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Asociación Pro-Derechos Humanos del Perú (APRODEH), y el Programa Venezolano de Educación- Acción en Derechos Humanos (Provea).

“La prisión de Lula fue solicitada en el marco de procesos judiciales cuestionables tanto en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el candidato líder en las encuestas para las elecciones de 2018”, señalan.

Denuncian que si bien los avances en la investigación y sanción de la corrupción son claves para el funcionamiento de las instituciones democráticas, “la llamada Operación Lava Jato presenta indicios de incumplimiento de las garantías de imparcialidad y del debido proceso, así como del derecho de defensa y la presunción de inocencia de los imputados”.

“Las obligaciones del Estado de investigar hechos de corrupción con consecuencias, también, para la vigencia de los derechos humanos pierden legitimidad si la acción de la justicia se torna selectiva, con el fin de interferir en los procesos democráticos y conculcar los derechos políticos de un sector de la población”, añaden.

Acusan que elementos centrales del derecho internacional de los derechos humanos fueron sesgados o no tenidos en cuenta por la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de Brasil. En ese sentido, agregan que esta decisión «está inserta en un contexto de golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 y del espacio creciente de las fuerzas armadas en la seguridad pública y en la conducción de los asuntos políticos internos del país”.

Por otra parte, denuncian que el general Eduardo Villas Bôas difundió “mensajes preocupantes” la noche anterior a la decisión del Supremo Tribunal sobre el ex presidente Lula, y que los militares brasileños comandan una “intervención federal en Río de Janeiro” desde febrero, “cuando las más altas autoridades militares reclamaron ‘garantías para actuar sin el riesgo de que surja una nueva comisión de la verdad’”. Además, añaden, de liderar operaciones policiales conocidas como “Garantía de la Ley y la Orden”.

“En este contexto de fragilidad de las instituciones democráticas, en marzo fue asesinada la concejal y defensora de derechos humanos Marielle Franco y las caravanas de la campaña a la presidencia de Lula sufrieron ataques que incluyeron disparos con armas letales”, apuntan igualmente.

Concluyen haciendo un “llamado urgente” para que los países de la región en los espacios intergubernamentales correspondientes, como «CELAC, UNASUR, MERCOSUR y la OEA, en especial en el ámbito de la Cumbre de las Américas, así como las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se posicionen sobre la gravedad de la situación en Brasil”.