La defensa del ex presidente Lula da Silva confirmó este jueves que el tribunal de la ciudad de Sao Paulo decretó paralizar los bienes del candidato del Partido de los Trabajadores, del instituto Lula y de la empresa Lils, encargada de la gestión de conferencias, para garantizar el pago de una deuda de cerca de 30 millones de reales ($8,8 millones) con el Estado.
No obstante, el instituto de Lula no reconoció la decisión de la corte y censuró que se trata de una “guerra jurídica con fines políticos” en contra del ex mandatario, reseñó HispanTv.
“Ni el Instituto, ni Lula, ni Paulo Okamotto (presidente del instituto) tienen 30 millones de reales”, declaró la organización dirigida por Lula mediante un comunicado.
En esta misma línea, la defensa de Lula denunció en otro comunicado que en el marco de la operación “Lava Jato” se intenta retirar al expresidente “cualquier posibilidad de defensa al privarlo de sus bienes y recursos para garantizar un débito tributario que todavía está siendo discutido en la esfera administrativa”.
Mientras en Curitiba, donde Lula está preso por lo que considera una persecución judicial, y otras ciudades brasileñas se sigue protestando por la liberación de su líder, la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un acuerdo en respaldo al líder izquierdista.
Según el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, “el expresidente no tiene los valores indicados en el documento y la decisión del bloqueo fue impugnada por recurso”.
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