Representantes de organizaciones sociales y populares de Perú, América Latina y el Caribe, se dieron cita en Lima, Perú, del 10 al 14 de abril, para debatir sobre la realidad política, social y económica de «nuestra América», en paralelo a la accidentada VIII Cumbre de las Américas.
La Cumbre de los Pueblos reunió a organizaciones sindicales, gremiales, feministas, juveniles y estudiantiles, campesinas, indígenas, ambientalistas, de la diversidad sexual, comunitarias, plataformas regionales que se enfrentan a los proyectos neoliberales del libre comercio, organizaciones que luchan por la justicia fiscal, redes regionales de organizaciones de sociedad civil y decenas de colectivos y movimientos «que se enfrentan día a día contra el poder político y económico del capital en sus diferentes expresiones».
En su declaración final, se aludió a la VIII Cumbre de las Américas llevada a cabo en Perú. «Vienen a hablar de gobernabilidad y corrupción en un país en el que todos los presidentes peruanos de los últimos 30 años tienen cuentas pendientes con la justicia por crímenes cometidos desde el poder. Quieren continuar con sus políticas corruptas ahora impulsando las Asociaciones Público-Privadas para seguir sus negociados oscuros», sostuvieron al respecto.
«Los aires neoliberales vuelven a soplar fuerte en el continente, las políticas para avanzar en la precarización y desregulación del empleo se generalizan, avanzan en desmantelar los regímenes públicos de pensiones, promueven políticas de austeridad dirigidas a desmantelar programas de protección social, se reaniman las negociaciones para nuevos Tratados de Libre Comercio. Por tanto, la agenda de resistencia continental contra el neoliberalismo vuelve también a retomar fuerza», declararon las organizaciones.
Conclusiones de la Cumbre de los Pueblos
Entre las conclusiones, las organizaciones llaman a «enfrentar la arremetida contra las condiciones y derechos laborales de la clase trabajadora en el continente» y a rechazar «las políticas neoliberales que promueven precarización y desregulación laboral». «Exigimos trabajo digno/decente», señalaron.
Además, se declaró la oposición a «las medidas de austeridad neoliberal orientadas a reducir la inversión pública en programas de asistencia y de protección social», y a «las pretensiones de privatizar los regímenes de jubilaciones públicos para entregarle los recursos de millones de trabajadores y trabajadoras a los intereses privados corporativos».
También se plantea una oposición a los Tratados de Libre Comercio y los Tratados de Protección de Inversiones, que -apuntan- «son instrumentos a favor del poder corporativo transnacional y en contra de nuestros pueblos».
«El derecho a la tierra sigue siendo hoy más que nunca el derecho inalienable de nuestros pueblos originarios y campesinos/as, la tierra debe ser para quien la trabaja», agregan.
Junto con ello, se condenó «la violencia machista y la lógica de la impunidad con los feminicidios que peligrosamente se convierten en una práctica generalizada en nuestro continente», y se relevó la urgencia de la lucha por la igualdad de género. «Sin igualdad de salarios para las mujeres, sin paridad en la participación política, sin igualdad de acceso a empleos dignos, sin respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, no tendremos sociedades ni igualitarias ni democráticas ni inclusivas», advirtieron.
Por otra parte, la Cumbre de los Pueblos condenó «la criminalización de la protesta social que se ha convertido en la acción generalizada en nuestros países, ocasionando decenas de víctimas de activistas sociales».
La lucha contra la lógica extractivista y el fundamentalismo religioso, formaron también parte de la declaración.
La situación judicial que atraviesa Luiz Inácio Lula da Silva también fue considerada. «Enfrenta hoy a todo el aparato de la judicialización de la política y el odio de las élites brasileñas, por ser el referente de los oprimidos y excluidos. Lo que pasa con el compañero Lula es la expresión del giro fascistoide en Brasil como resultado del golpe parlamentario contra la compañera Dilma Rousseff», apuntaron.
También se reafirmó una «inquebrantable solidaridad» con la Revolución Bolivariana de Venezuela. «Condenamos enérgicamente la agresión imperialista, la guerra económica y el acoso político contra la Venezuela Bolivariana. Exigimos respeto a la soberanía de la patria del pueblo venezolano», sostuvieron, manifestando igualmente su apoyo al presidente Nicolás Maduro. «Rechazamos la pretensión de la intervención militar en Venezuela bajo el pretexto de ayuda humanitaria; exigimos la no injerencia en las próximas elecciones del 20 de mayo y el respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos», declaran.
También se ratificó el apoyo a la reivindicación del pueblo boliviano de una salida soberana al océano pacífico. «Pedimos que los pueblos de Chile y Bolivia impulsen a sus gobiernos a alcanzar una resolución pacífica a través del diálogo. #Mar para Bolivia», señalaron.
Respecto a Estados Unidos, se rechazó «la política racista y xenófoba de Donald Trump para con nuestros hermanos y hermanas de México, que además de padecer a su elite política corrupta y las consecuencias del neoliberalismo, la represión y la corrupción, deben soportar que ahora se construya un MURO en su contra». «Nos oponemos a la criminalización de la migración, migrar es un derecho», apuntaron.
En ese mismo sentido, se condenó «la agresión militar del imperialismo norteamericano contra el pueblo sirio», llamando a promover «acciones de condena en las embajadas estadounidenses por esta acción asesina».
Por último, se expresó la solidaridad con la lucha de los asediados pueblos mapuche, palestino y saharaui, y su derecho al reconocimiento y autodeterminación.