La construcción de un mall en la ciudad de Castro ha generado una amplia discusión y debate en distintos medios y entre diversos actores. A través de esta declaración el Colegio de Arquitectos rechaza categóricamente la forma en que se implanta el edificio en el casco histórico y la manera como se ha procedido, más allá de la aspiración de muchos de contar con un equipamiento comercial de este tipo. Este caso, debe ser el punto de inflexión para hacer una reforma profunda a nuestra manera de hacer ciudad y de proteger nuestro patrimonio.
El desarrollo de nuestras ciudades es el fruto de la política de la NO política urbana y de la batería de herramientas que fomentan desiquilibradamente la gestión privada autónoma, desestimando la participación ciudadana, la calidad de vida, la equidad y las identidades regionales. Esta perversa maquinaria debe ser desmontada y reformulada a la brevedad.
La gestión de este proyecto y la manera de actuar de los inversionistas no hacen más que demostrar que el mercado no garantiza un actuar ético y que nuestras autoridades no comprometen a sus instituciones para actuar de manera adecuada. Es necesario que se tomen todas las medidas para transparentar las decisiones y para sancionar con severidad las irregularidades.
Se ha puesto en evidencia la falta de espirítu cívico y la banalidad con que se tratan los temas urbanos y de patrimonio cultural: la falta de capacidad de los gobiernos municipales, que confunden metas de corto plazo con la responsabilidad de prever un desarrollo sustentable para sus comunas. Se suman los pseudo procesos de participación ciudadana con que se aprueban los planes reguladores y que llevan a las comunidades a reaccionar tarde e ineficazmente y sólo cuando perciben que se les ha atropellado su entorno e identidad.
Es de consenso que la legislación urbana y de protección patrimonial en Chile “no da para más” y se necesita planificación territorial que garantice el bien común. En otros países la experiencia es exitosa y de muchos años en plantear la discusión pública a través de comisiones de planificación (Planning Comissions) para proyectos de alto impacto urbano y ambiental, lo que permite asegurar transparencia, competencia técnica y respeto por la memoria histórica de ciudades y territorio.
¿Qué hacer?
Un desarrollo sustentable debe incorporar a la sociedad toda, y para ello es necesario implementar instancias de discusión abiertas con financiamiento público, que permitan a las ciudadanías y expertos participar en los mecanismos de aprobación de planes y proyectos urbanos. Deben instalarse pronto programas de formación cívica y estrategias de monitoreo ciudadano. Es urgente formular y aprobar, a la mayor brevedad políticas y leyes que resuelvan los enormes vacíos existentes, subsanando la descoordinación existente entre organismos del Estado, especialmente entre el MINVU y el Consejo de Monumentos Nacionales.
La actuación de los arquitectos también ha sido cuestionada. Por ello se debe contar con los instrumentos e instituciones adecuadas para velar por la ética profesional, recuperando la tuición de los colegios sobre la actuación ética de los profesionales. Ello debe complementarse con una formación universitaria que refuerce la ética, conocimientos y valores básicos ligados a un marco cívico común y consensuado.
La reforma a la leyes de Monumentos Nacionales y de la institucionalidad patrimonial, ambas en curso, deben ser tramitadas a la brevedad y deben reforzar las autonomías, capacidades regionales y las declaratorias de zonas de amortiguación de todos los patrimonios declarados. Se debe instalar en el Consejo de Monumentos Nacionales la agilidad para crear nuevas Zonas Típicas donde sea necesario, especialmente mientras la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) no mejore la institucionalidad dedicada al desarrollo urbano, sus instrumentos y los procedimientos de aprobación de los mismos.
La autoridad debe hacer explícita su voluntad para aprobar una política urbana que asegure el derecho a la Ciudad. Deben comprometerse nuestros legisladores a formular y aprobar reformas que aseguren la primacía del bien común por sobre los intereses particulares y se debe exigir a nuestros alcaldes y concejales que aprueben Planes Reguladores que aseguren un desarrollo sustentable de sus territorios. ¡Ahora!
DIRECTORIO NACIONAL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CHILE
Santiago, 09 de Marzo de 2012
Texto de autoría externa. Recibido y publicado por
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