Termoeléctrica Las Arcillas: cuestionan conocimiento de nuevas autoridades al aprobar proyecto

Para los opositores a la iniciativa, esto responde a compromisos políticos de agilizar las inversiones. “Sabíamos que esto iba a ser así porque teníamos autoridades recién asignadas precisamente para que esto fuera aprobado. No tienen autonomía para tomar decisiones y se les impone una; estas son recomendaciones de los superiores", asegura el vocero del Comité Pemuco sin Termoeléctricas.

Termoeléctrica Las Arcillas: cuestionan conocimiento de nuevas autoridades al aprobar proyecto

Autor: Javier Karmy

Tras un largo proceso de evaluación ambiental, el lunes el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región del Biobio aprobó por unanimidad la “Central a Gas Natural Las Arcillas”, de Engie Energía Chile (ex E-CL), filial del grupo francés Engie (ex GDF Suez).

El proyecto contempla la construcción y operación de una planta de generación de energía eléctrica en la comuna de Pemuco y como obras principales tiene una central de ciclo combinado de hasta 480 MW de potencia neta, un gasoducto que tendrá una extensión de 16 km y una línea de transmisión de aproximadamente 4,3 km de longitud, que se conectará con la Subestación Nueva Charrúa.

“Las Arcillas fue evaluada por seremis que llevan 30 días recién en el cargo, es decir, obviamente no han visto el proyecto”, sostiene Andrés Parada, vocero del Comité Bulnes sin Termoeléctrica, quien además piensa que durante la misma mañana de ayer lunes alcanzaron a leer “algo” de la iniciativa, ya que recién el viernes, a última hora, pusieron en tabla la votación de la energética.

Esa es una de las principales críticas que realizan las organizaciones que rechazan esta termoeléctrica a gas natural que contempla un monto de US$400 millones de la francesa Engie, ya que -según sostienen- fueron los funcionarios del anterior gobierno los que revisaron e hicieron observaciones al proyecto.

Para Jaime Saavedra, del Comité Pemuco sin Termoeléctricas, esto responde a una orden superior debido a compromisos adquiridos con las empresas. “Sabíamos que esto iba a ser así porque teníamos autoridades recién asignadas precisamente para que esto fuera aprobado. No tienen autonomía para tomar decisiones y se les impone una; estas son recomendaciones de los superiores, lo tenemos clarito”, espeta.

Además, critica que “se pierde el equilibrio de las cosas” cuando las empresas hacen aportes en campañas políticas, y narra que cuando Sebastián Piñera era candidato realizó una gira por Europa y que, al pasar por Francia, se reunió con Engie. “Teníamos la sospecha, no podemos comprobarlo, pero las cosas van apareciendo de esta manera”, expresa el dirigente.

Esa es la única explicación que ven al hecho de que mientras en Europa se desmantelan este tipo de proyectos contaminantes en base a energía fósil, en Chile se aprueban día a día “en función de agilizar sus procesos productivos y económicos sin el debido resguardo al medio ambiente y a la salud de la población”, sostiene Saavedra.

Pidiendo autorización, permiso y por favor…

Jaime Saavedra narra que fue difícil para ellos como ciudadanía poder ingresar a la sesión de evaluación, donde no tienen ni voz ni voto, y en la que -dice- “ni siquiera te avisan ni te invitan, nos enteramos no más por algún medio que iba a ser el día lunes, sin dar tiempo para hacer gestiones de ningún tipo”. Para él, eso lo hacen a propósito, ya que aún con los permisos correspondientes, “tuvimos que exigir nuestros derechos como ciudadanos con abogado para que nos dejaran entrar”, reclama.

En la evaluación se recordó que la termoeléctrica presentó su proyecto a la institucionalidad ambiental el 26 de septiembre de 2016 y las seremías ya habían hecho dos rondas de observaciones. La segunda concluyó a comienzos de este año y, en su mayoría, los informes de los funcionarios eran favorables a la aprobación de la iniciativa, salvo por Conaf, que llamó la atención respecto al plan de restauración del bosque nativo.

Dentro de lo que se recalcó fue que, tras el proceso de participación ciudadana “anticipada”, la mandante realizó la modificación sustancial al proyecto para utilizar solamente gas natural como combustible, dejando de lado el diésel como respaldo. Por eso mencionan que el proyecto casi no contaminará. Sin embargo, el dirigente del Comité Pemuco sin Termoeléctricas considera que resulta «ridículo» que una empresa de esta envergadura pueda decir que no va a contaminar ni producir daños a la población o al medio ambiente, porque -apunta- “todos sabemos que eso no es verdad, si todos los combustibles contaminan”.

El dirigente compara la situación con la prohibición de fumar un cigarrillo en lugares públicos. Pero “cuando instalan una empresa que consume millones de litros de combustible ahí –dicen- no contamina. Entonces, ¿cómo funciona el sistema?”, cuestiona. Además, si efectivamente no contaminara -añade- “¿para qué pusieron cifras de dinero en compensación para quienes tienen huertos orgánicos?”.

En tanto, Andrés Parada, del Comité Bulnes sin Termoeléctricas, explica que una termoeléctrica emite al aire contaminantes muy dañinos para la salud, como el dióxido de azufre, de nitrógeno, y dióxido de carbono, entre otros, y que la zona donde se pretende instalar la iniciativa se caracteriza por ser agrícola. “Con un desarrollo humano, local, y con una calidad de vida campesina que no tiene relación con megaproyectos energéticos”, advierte.

En todo caso, Parada es suspicaz respecto a la decisión del combustible que utilizará Engie, ya que aún no tiene resuelto el modo de abastecimiento de gas natural. “No he visto que tengan asegurado el gas para esta termoeléctrica… entonces, será que comiencen con el gas natural y… ¿después se cambian a diésel, que es cinco veces más contaminante que el gas?”.

Finalmente, queda claro que las autoridades no evaluaron que Pemuco sea una comuna que carece de agua durante todo el año y se abastece con camiones aljibes. «Es muy descabellado -dice- que una central termoeléctrica se instale ocupando cuatro o cinco litros por segundo en un territorio donde no hay agua ni siquiera para beber».

De todas maneras, Jaime Saavedra anuncia que están estudiando los pasos para hacer la apelación y poder revertir esta decisión. “Es lo que corresponde, porque no podemos seguir aguantando que se sigan haciendo las cosas mal”, concluye el dirigente.


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