El Partido de los Trabajadores de Brasil anunció que el próximo 28 de julio lanzará oficialmente la postulación como su candidato presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión la tomó en pleno el directorio nacional de los petistas reunidos hoy, según reseñó la organización en su portal.
“No se podrá hacer justicia en Brasil en tanto el proceso de Lula no sea revisado y anulado por las ilegalidades, arbitrariedades, manipulaciones y cercenamiento de la defensa de las que ha sido víctima en primera y segunda instancia”, explicó el PT y convocó a dos actos masivos en mayo, uno en el Nordeste y otro en San Pablo, por la libertad de Lula.
La organización política decidió fortalecer las vigilias frente a la prisión de Curitiba, donde está preso el ex presidente desde el 7 de abril pasado, condenado a 12 años de prisión y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco de la causa Lava Jato.
En forma paralela, la Corte Suprema de Brasil limitó ayer el poder del juez Sergio Moro al quitarle las causas derivadas de la delación de los ejecutivos de Odebrecht contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reseñaron portales brasileños.
La sala segunda del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió por 3 votos contra 2 enviar a la justicia ordinaria de San Pablo dos causas: la delación de Odebrecht sobre reformas en el Instituto Lula y en una quinta en la localidad de Atibaia. “El caso no tiene relación con Petrobras”, esgrimió el juez supremo José Días Toffoli, quien dio el voto que por primera vez en cuatro años le disputa el poder a Moro por el control de las delaciones de Odebrecht.
Moro estaba autorizado por la cámara de Porto Alegre –la misma que confirmó la condena a Lula– a centralizar el Petrolao y la delación de Odebrecht. Gracias a esa autorización, tenía poderes extraordinarios de jurisdicción. Pero la Corte adhirió de esta manera a una línea que las defensas esgrimían: que la fiscalía de Curitiba, corazón de la Operación Lava Jato, vinculaba todas las causas a desvíos en Petrobras para poder mantener el control de los expedientes.
Otra pieza clave en el gran péndulo institucional brasileño llegó a manos de nada menos que la presidenta de la Corte, Carmen Lúcia Antunes, quien tiene en sus manos el futuro de Lula. Antunes recibió del juez supremo Marco Aurelio Mello un pedido para declarar inconstitucional la jurisprudencia de 2016 que permite a los tribunales detener a condenados con fallos de segunda instancia, como es el caso de Lula.
“Ella decidirá el mejor momento para tratar el tema. La pelota está del campo de ella”, dijo el ministro Mello. El magistrado es defensor de eliminar la jurisprudencia elaborada por la Operación Lava Jato y retornar a la Constitución, que indica que nadie puede estar preso sin agotar las instancias procesales.