El abogado del Mineduc que ha intentado frenar derechos para la diversidad sexual

Tomás Henríquez Carrera es el actual jefe de la División Jurídica del Ministerio de Educación. Es abogado de la Universidad Católica, Máster en Derecho de la Universidad de Georgetown y docente en la educación superior.

Sin embargo, junto a ello Henríquez ha ejercido como director ejecutivo de la ONG ultraconservadora Comunidad y Justicia, organización que -como se destaca en su web- está «centrada en la defensa del derecho a la vida (…) de la familia, a la libertad de enseñanza, de religión y de las conciencias, al derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos (…).

Y desde ahí ha formado parte de al menos dos acciones en contra del avance de los derechos para la diversidad sexual en nuestro país.

Derechos para niños trans: La querella contra un juez

El 22 de agosto de 2016 el juez Luis Fernández aprobó el cambio legal de sexo y nombre, previa petición formulada por su familia, de una niña transgénero de 5 años. Fue definitivamente un «hito» en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población trans.

El magistrado señaló que a través de su vida, las personas trans «tanto íntima como social, sufren un sinnúmero de conflictos y discriminaciones que le impiden desarrollarse y llevar una vida normal, siendo vulnerados sus derechos a la educación, trabajo, salud y participación en la vida ciudadana».

Tomás Henríquez

Sin embargo, encabezada por el abogado Tomás Henríquez, la ONG Comunidad y Justicia decidió presentó una querella por prevaricación contra el mencionado juez, argumentando que este falló contra las leyes y la Convención de los Derechos del Niño.

Finalmente, en julio de 2017 la Justicia chilena sobreseyó la querella presentada por Henríquez. Pero  no sería la única acción emprendida por el hoy jefe de la dirección jurídica del Mineduc.

Junto a Kast

En noviembre de 2016, el entonces diputado José Antonio Kast (IND) recurrió a la Contraloría General de la República para solicitar que se declarara ilegal el acuerdo alcanzado entre el Estado y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). En el documento -que permitió destrabar una demanda de la organización en contra de Chile en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a implementar una agenda que concretaría una serie de demandas del mundo LGBTI, incluido el matrimonio homosexual.

Kast argumentó que esto vulneraría el Estado de Derecho en nuestro país. Según declaró -citado por El Demócrata– el Gobierno estaba desconociendo con ello «sentencias del máximo tribunal sobre la materia en disputa -matrimonio-, frente a una presentación que hacen particulares a la CIDH planteando que sus derechos fueron vulnerados en Chile».

«Aquí están primando las ideologías ante las leyes», aseguró el parlamentario.

La presentación de esta acción que apuntaba a torpedear una de las vías más sólidas que la diversidad sexual ha tenido en este tiempo para avanzar en sus derechos, fue presentada por José Antonio Kast junto al abogado Tomás Henríquez.