Apenas se conoció el esperado fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta que favorece a Andes Iron y la imposición del proyecto minero-portuario Dominga, organizaciones locales y ambientales anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema. Tanto el gremio de pescadores de Los Choros como la ONG Oceana dieron la noticia. Apelarán a la decisión por medio de un recurso de casación, acción que además cuenta con todo el apoyo de la ONG Spheniscos, según sostiene la integrante de la organización, Nancy Duman, a El Ciudadano, quien espera que esta iniciativa simplemente no se concrete.
El viernes pasado, en medio de una gran expectación, los ministros del Primer Tribunal dieron a conocer el fallo que causó “mucha rabia e impotencia” en la región, dice Duman. La instancia judicial resolvió acoger el recurso de reclamación presentado por Andes Iron en contra de la decisión del Comité de Ministros que en agosto había rechazado el permiso ambiental de la iniciativa.
Será entonces la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo -es decir, los seremis regionales- la instancia que decidirá respecto a la autorización ambiental de Dominga.
La dirigenta espera que, después de todo, “triunfe la justicia, la cordura y el compromiso real por un desarrollo sustentable”, señala en referencia a quienes deberán tomar la decisión. Agrega que espera que las autoridades consideren los “intereses reales de los habitantes locales” y que se opte por resguardar los recursos naturales en función de un desarrollo “sin mentiras, engaños o manipulación”, como espeta.
“Vergüenza para Chile”
La activista critica las palabras de la ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, quien manifestó que ante el nuevo escenario en este caso el Gobierno quiere “asegurar que esta vez el proceso sí se ajustará a derecho”. Sostiene que este fallo es “irresponsable, ilegal y una vergüenza para Chile”, porque si la intención real fuera “ajustarse a derecho” –sostiene la ambientalista- “jamás se debió retrotraer el proceso a la etapa posterior al ICE y ordenar una nueva votación sin revisar el procedimiento en su totalidad”.
Duman acusa también que tanto el Tribunal Ambiental como el Ministerio de Medio Ambiente –al no apelar como parte del juicio- “se hacen cómplices del intervencionismo”. A su juicio es claro que “hay pruebas” de que hubo una orden emanada del nivel central para favorecer a Andes Iron, cuando Pablo Badenier era el secretario de Estado de la cartera ambiental. Para la especialista es evidente que “está el expediente del sumario administrativo, doce testigos públicos y todo el expediente de la evaluación, que esperamos siga intacto”.
En específico, uno de los puntos que demostraría esta intervención es que luego renunció Pablo Badenier, así como el director ejecutivo del SEA, Jaime Troncoso, y todo el equipo encargado de elaborar el informe al Comité de Ministros. El punto crítico es que el SEA había acogido un informe (Adenda 3) donde Conaf incorporaba sus observaciones, pero el mismo SEA llamó a un cuarto documento (Adenda 4) y apareció con “un informe totalmente distinto que no se condecía con el anterior”, dice Duman, momento en el que se desvincula explícitamente a dicho organismo de la evaluación desconociendo sus atribuciones.
Por eso, la especialista sostiene que “este solo hecho justifica que se está cometiendo un grave error que le costará caro a la institucionalidad y a la imagen de Chile”. Esto porque -dice- “se aprobaría un proyecto que no tuvo la voluntad de subsanar sus errores y no corrigió la falta de información solicitada de Línea de Base que garantizaba una evaluación correcta de sus impactos”.
En definitiva, “con palabras simples, se garantizaría la transformación de este Santuario de la Naturaleza en una Zona de Sacrificio”, según concluye Duman.
– ¿Qué opinas respecto a que esta decisión más bien fue política, aunque desde la oficialidad de la institucionalidad, tanto del Gobierno como de los tribunales, han dicho que ha sido una decisión técnica?
Obviamente sí, fue política, aunque la disfrazan como si no fuera así. Pienso que de haber sido técnica debieron haber retrotraído la decisión del proceso en su totalidad o, al menos, a la fase anterior a la elaboración del Informe Consolidado de Evaluación (ICE), porque eso fue lo que se intervino desde Santiago.
– ¿Después de todo lo que ha ocurrido con este proyecto, la comunidad y las organizaciones territoriales de la zona están listas para continuar la lucha, dure lo que dure?
Sí, porque mientras la empresa esté en juicio, no podrá instalar su nefasto proyecto.
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