La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, está examinando por primera vez las desapariciones en el estado mexicano de Chihuahua, en diciembre de 2009, de tres civiles: Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes.
Su historia es parte de un caso que la corte —un órgano judicial independiente con autoridad legal en México— escuchó durante dos días y que concluyó el 27 de abril. Involucra acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares mexicanos durante operaciones oficiales que comenzaron hace más de una década para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
El caso trae a la luz el impacto a gran escala que la militarización de la seguridad pública ha tenido en grandes regiones del país desde que las tropas fueron movilizadas por primera vez para realizar operativos antinarcóticos en 2006, refirió una nota del New York Times.
“Mi familia es solo un caso de desaparecidos. Pienso que somos la voz de todos los mexicanos que han pasado por la misma situación, pero que muchos por miedo no denuncian”, dijo en una entrevista Mitzi Alvarado, hija de Nitza. “En este sentido, la verdad y la justicia para nosotros significa justicia y verdad para todos los desaparecidos de México”.
Mientras los familiares esperan el fallo, el país enfrenta uno de los periodos más mortíferos en la historia reciente y un Ejército con mayor poder es responsable de combatirlo. Cifras oficiales muestran que el año pasado la tasa de homicidios fue la más alta registrada hasta la fecha, la cual supera el derramamiento de sangre experimentado durante el punto crítico de la guerra contra las drogas, en 2011.
En diciembre, cuando México aprobó la Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se legitima el papel de los militares en la lucha contra el narco, creó indignación en las Naciones Unidas, así como entre grupos de derechos humanos locales e internacionales.
Las fuerzas armadas rechazaron hacer declaraciones; sin embargo, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, ha defendido públicamente a los militares al afirmar que es la única institución que efectivamente se enfrenta al crimen organizado.
Otras personas que apoyan esta ley, incluidos el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios del gobierno federal, han argumentado que la legislación regularía las operaciones militares y ofrecería certeza legal tanto a las fuerzas armadas como a la población al dejar en claro las tareas, límites y obligaciones de los soldados.
De acuerdo con las estimaciones del gobierno, 32.000 personas han desaparecido en México desde 2006, ausencias que han dejado una herida indeleble en familias de todo el país, concluye el reportaje de New York Time.
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