Luego de un largo camino judicial, la jueza Karen Atala –despojada el 2004 por la Corte Suprema de la tuición de sus hijas debido a su preferencia sexual- finalmente obtuvo el apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ésta consideró al Estado chileno responsable de discriminación y lo condenó a otorgar diversas reparaciones para Atala y sus hijas. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) aseguró que “Chile pasará a la historia por ser el primer Estado en ser sancionado internacionalmente por discriminación basada en la orientación sexual”.
La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al polémico caso de la jueza Karen Atala se conoció públicamente ayer. En el informe se destacan los argumentos de las diversas instancias de justicia nacional que terminaron con la decisión definitiva de la Corte Suprema, que decidió negar la tuición de sus hijas a Karen Atala el 2004. En uno de sus párrafos, se declara que “la Corte considera que no son admisibles las consideraciones basadas en estereotipos por la orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener en las niñas y los niños”.
La sentencia de la CIDH manifiesta que el Estado de Chile vulneró diversos principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, manifiesta el informe.
Tras la sentencia, la Corte dispuso que el Estado debe brindar de inmediato “la atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva” y realizar una publicación de la sentencia en el diario oficial y en un diario de circulación nacional, además de toda la sentencia de la Corte en un sitio web oficial. Además, debe realizar un acto de reconocimiento público de la responsabilidad internacional de la que se ha culpado, “continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y particularmente a funcionarios judiciales” y, finalmente, pagar las correspondientes sumas de indemnización por daño material e inmaterial y las costas del juicio.
“EN CHILE NO SE VULNERAN SÓLO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL, SINO TAMBIÉN DE SUS FAMILIAS, INCLUIDOS LOS/AS MENORES DE EDAD”
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) manifestó públicamente su satisfacción ante el fallo, felicitando a Karen Atala por “la persistencia de su lucha, nacional e internacional, haciendo posible que hoy la CIDH de un paso, a nuestro juicio histórico, donde se acusa al Estado de una realidad: la violación a los derechos de no discriminación e igualdad de las personas con orientación sexual distinta. Ello deja a Chile en vergüenza internacional, pues queda explícito a nivel mundial que en nuestro país hay ciudadanos de primera y segunda categoría”.
La organización recordó que “casi ocho años pasaron, tres gobiernos de por medio, y nada consiguió”. Además, manifestó que “en Chile no se vulneran sólo los derechos de las personas de la diversidad sexual, sino también de sus familias, incluidos los/as menores de edad, y en que el Caso Atala se expresó en que sus hijas no fueran escuchadas en el marco del proceso que las apartó de su madre. Este aspecto mancha, por donde se mire, la hoja de vida internacional de nuestro país en materia de respeto a derechos humanos básicos”.
El Movilh manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene en sus manos una segunda demanda contra el Estado, presentada luego de que, en el 2008, la Corte Suprema negara a la profesora Sandra Pavez hacer clases de religión en Chile por ser lesbiana. En tanto, también aseguraron estar a la espera del fallo de la Corte Suprema sobre su recurso de protección que exige matrimonio igualitario. De recibir respuesta negativa, dicen, “presentaremos una nueva demanda ante la Comisión Interamericana de DDHH”.
Lea el informe completo de la CIDH acá.
Por Vanessa Vargas Rojas
El Ciudadano
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