La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá este martes el recurso de protección deducido en contra de Carabineros de Chile por el periodista de El Ciudadano Matías Rojas, quien habría sido víctima de espionaje electrónico realizado por la hoy disuelta Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco, misma repartición que está implicada en el presunto montaje de la Operación Huracán.
La acción plantea que la institución vulneró la garantía constitucional que resguarda la honra y la vida privada de las personas, al considerarlo un objetivo de la inteligencia policial e invertir recursos públicos en la producción y almacenamiento de informes que contienen datos personales obtenidos sin orden judicial.
La acusación cita el reportaje que publicó CIPER Chile el pasado 7 de marzo, el cual reveló que Carabineros no solo hacía seguimiento a dirigentes mapuche sino que también monitoreaba a periodistas y medios. Su radar se concentró en noticias que afectaban al entonces general director Bruno Villalobos y a la presidenta Michelle Bachelet, con rastreos a fuentes y publicaciones de Radio Biobío, El Ciudadano, The Clinic, La Segunda y Mapuexpress.
«Mayo de 2017 fue un mes en que la unidad de Inteligencia de Carabineros de La Araucanía estuvo especialmente preocupada de lo que publicaban algunos periodistas. Hubo una noticia que llamó la atención de los uniformados: “La amistad que une a Javiera Blanco, el director de Carabineros y el general indagado en el caso TIC”. Fue publicada por El Ciudadano el 10 de mayo. Lleva la firma del periodista Matías Rojas», detalló el portal de investigación.
La UIOE consignó datos generales del diario digital, las características de la imagen de portada, una foto privada de Rojas -capturada de su cuenta personal de Facebook- y la presunta IP desde la cual éste subió la nota a internet. También se incluyó una lámina con otras noticias firmadas por el comunicador en el sitio web verdadahora.cl.
Igualmente, CIPER informó en abril que una sede de la UIOE de Temuco, ubicada en calle Hochstetter 220 y que no fue allanada por la Fiscalía, estuvo dedicada a interceptar llamados telefónicos, señalando como víctimas a personas del área judicial, comunicacional y política.
«Los testimonios que recogió CIPER difieren en la cuantía de las personas que fueron sometidas a interceptaciones ilegales, pero hay un piso mínimo: sumaron desde más de 200 teléfonos a más de mil. Entre los blancos había dirigentes mapuche, pero mayoritariamente dirigentes políticos y jueces además de fiscales, los que no tenían relación con el conflicto mapuche. La nómina también incluyó actores y periodistas. Un atisbo del grupo de periodistas que era espiado por el equipo de Inteligencia de Carabineros fue ya publicado por CIPER», indicó el reporte.
Mencionando los reportajes, el libelo de Rojas enfatiza a la Corte que «sin perjuicio de la disolución de la UIOE recientemente anunciada por el nuevo general director… Carabineros sigue siendo responsable de su actuar como tenedora y principal destinataria de los informes elaborados por la unidad subalterna».
«Demás está decir que las mismas fueron hechas precisamente en nombre de Carabineros, utilizando propiedades, materiales y recursos económicos de Carabineros, y que el ente policial aún tendría en su poder los equipos y discos duros empleados para hacer y almacenar escuchas telefónicas ilegales que habrían afectado al suscrito, sin transparentar dicha circunstancia al Ministerio Público», esboza.
Finalmente, Rojas arguye que la situación relatada «debiera ser suficiente para que USI. adopte medidas sobre el particular, toda vez que si no se observa judicialmente como ilegal la intromisión que ya se conoce por parte de la UIOE, transparentando la actividad que se estaría ocultando a la Fiscalía, nada impide que la recurrida ejecute nuevamente los actos a futuro, existiendo así una amenaza permanente a la protección de la privacidad y la honra de quien suscribe».
GENERAL CUESTIONA A CIPER
El general director Hermes Soto Isla, quien reemplazó a Bruno Villalobos en el cargo, contestó el recurso el 25 de abril. En su informe expresa que el hecho denunciado «tuvo su origen en una autoridad administrativa distinta», por lo que carecería de legitimidad pasiva al tratarse Carabineros de «un órgano desconcentrado», en que cada unidad «actúa de forma independiente».
El alto oficial indicó que el derecho a resguardar estaría ausente, es decir, que pese a los reportajes de CIPER, no habría «sustrato fáctico que acredite la existencia y veracidad de las situaciones enunciadas por el actor de autos, -circunstancia que resulta de toda lógica, toda vez que es el propio recurrente quien afirma que los hechos expuestos están en etapa de investigación por parte del Ministerio Público».
«En consecuencia, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, toda vez que las situaciones alegadas no se encuentran acreditadas, y son parte del conocimiento de otro órgano jurisdiccional, podemos concluir que no se cumple con el supuesto fáctico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente (Rojas) no posee», indicó.
Finalmente, Soto rechazó las medidas cautelares pedidas por Rojas: que Carabineros transparente y cese «toda labor de inteligencia e intrusiva que haya realizado o esté realizando contra el recurrente, poniendo toda la información que posea sobre el particular en manos del Ministerio Público», destruyendo de las bases de datos y soportes de la policía «toda información de inteligencia que hubiese sido recopilada» sobre el mismo «al margen de la ley».
La máxima cabeza de Carabineros dijo estar «impedida de efectuar alguna acción respecto a las medidas solicitadas por el actor en el caso que S.S. Iltma. lo decretara… debido a que, tal como se ha mencionado previamente, las actuaciones de la UIOE están siendo investigadas por el Ministerio Público de Temuco, en una causa que se encuentra judicializada… en virtud de una querella presentada por el Fiscal Adjunto, Luis Arroyo Palma».
Así, «malamente esta parte podría efectuar alguna diligencia que entorpeciera la referida investigación», concluyó.
SMITH: HUBO PINCHAZOS ILEGALES
La guinda de la torta fue puesta en los últimos días por el ex empleado civil de Carabineros Alex Smith, más conocido como «El Profesor», quien respondió a la publicación de un informe de la PDI que descartó la existencia de «Antorcha», el software que presuntamente interceptó conversaciones de WhatsApp y Telegram de comuneros mapuche y que hoy está en tela de juicio.
Entrevistado por El Austral de Temuco, el ingeniero agrónomo dijo que la aplicación estaría almacenada en su computador personal, y no en los equipos institucionales incautados en el primer inmueble secreto de la UIOE de calle Neruda.
«La información estaba en ese servidor de Carabineros en la Unidad de Inteligencia aquí en Temuco, pero ésta fue borrada al momento del allanamiento por seguridad, además de la base de datos de todos los que estaban interferidos», señaló, agregando que el supuesto borrado de los archivos se produjo porque estaban «pinchando» a personas ilegalmente.
En una entrevista anterior con el periodista Santiago Pavlovic de «Informe Especial», Smith reconoció haber fichado a periodistas por «órdenes del mando».
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